La Ley de Punto Final (23.492) fue promulgada el 24 de Diciembre del año 1986, durante la presidencia de Raúl Alfonsín y entró en vigor el 22 de Febrero del 1987. La misma establecía la interrupción de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores penalmente responsables de crímenes de lesa humanidad y desaparición de personas durante la última dictadura cívico militar de 1976-1983.
La ley mencionaba que “se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de Diciembre de 1983”. De esta manera se sancionaba la impunidad militar por la desaparición forzada de opositores, militantes peronistas y de izquierda, civiles, entre muchos otros.
Finalmente, esta ley junto a su complementaria (Ley de Obediencia Debida) fueron anuladas por el Congreso Nacional en el año 2003 y convalidada por la Corte Suprema en el 2005 al declararlas inconstitucionales. De este modo, se reabrieron los juicios orales y públicos permitiendo así que cientos de represores, tanto civiles como militares, sean juzgados.
Fuente: Ministerio de Economía Centro de Documentación e Información