En reunión plenaria, las comisiones de Asuntos Sociales, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda trataron este mediodía el proyecto para regular las negociaciones colectivas que se celebren entre la Administración Pública provincial y sus empleados.
La propuesta impulsada por Lucas Pica (JSRN) busca fomentar y establecer reglas de aplicación para la conformación de unidades negociales para los distintos ámbitos del sector público provincial. Según la iniciativa, para cada negociación, general o sectorial, se integrará una mesa negociadora con los representantes del Estado empleador y los representantes de los empleados públicos, coordinada por la autoridad administrativa del trabajo.
En el caso de negociaciones en el ámbito sectorial, intervendrán necesariamente las asociaciones gremiales legalmente reconocidas del sector que correspondan a dichos ámbitos de actuación. La negociación colectiva contemplará todas las cuestiones laborales que integran la relación de empleo, tanto las de contenido salarial como las demás condiciones de trabajo, con excepción de las expresamente contempladas en el proyecto.
A partir de la conformación de la mesa de negociación, serán las partes las que deben instar y llevar adelante las negociaciones tendientes a la conformación de los Convenios Colectivos de Trabajo adaptados a las realidades de las estructuras estatales, de los propios trabajadores.
Lucas Pica expresó en la reunión: “Hoy estamos culminando una etapa iniciada en el año 2018 para democratizar el esquema de discusión de las relaciones colectivas de trabajo en el sector público de la provincia de Río Negro”.
Aclaró que el requisito de la personería gremial lo impone la normativa nacional, de la cual no es posible apartarse. “Hoy estamos dando un paso importantísimo para poner a Río Negro y a sus trabajadores públicos en el tren de la normativa OIT: coexistencia, pluralidad sindical en términos de igualdad”, aseguró.
El secretario de Estado de Trabajo de Río Negro, Jorge Stopiello, participó de la reunión. Habló de la necesidad de contar con un cuerpo normativo sobre el tema, defendió los principios de la iniciativa relacionados a fomentar la negociación colectiva de trabajo, buscar el consenso y democratizar las relaciones laborales. “La ley nos lleva a ese camino. Estamos poniendo en un pie de igualdad a los actores que cumplen con el requisito de la ley 23.551, de la cual la Provincia no puede apartarse, que demanda tener personería gremial”, indicó.
Por la oposición, Luis Noale, Pablo Barreno y Marcelo Mango (FdT) reclamaron por la participación de los trabajadores en el debate.
El proyecto, con modificaciones, contó con el voto del oficialismo, y los tres bloques de la oposición, el FdT, JxC y FR, se tomaron las 48 horas para decidir su posición con respecto al proyecto.
Por otra parte, el plenario avaló la propuesta para que sea obligatoria la publicación de información de líneas de atención, canales de información, recursos, leyendas o frases con el objeto de informar, promover, difundir y concientizar sobre las violencias por razones de género, en boletas de servicios, facturas y recibos impresos u online que emitan con una periodicidad mínima mensual, las empresas de servicios públicos, sean públicas o privadas y aquellas adjudicatarias de concesiones de servicios públicos, como así también, en sitios web y redes sociales oficiales de la provincia, ministerios, agencias, empresas y entes estatales.
Por último, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda trataron el proyecto del Ejecutivo que propicia la adhesión a lo establecido en el artículo 20 de la ley de Presupuesto nacional para el 2021, a través del cual se suspende la aplicación de determinados artículos de la ley nacional que establece y regula el “Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno”.
Nicolás Martín, secretario de Hacienda de la Provincia, expuso los alcances la iniciativa en la reunión. La iniciativa tiene que ver con la necesidad del Estado provincial de contar con la posibilidad de incrementar el gasto público, especialmente en el contexto actual de emergencia, ya que dicha eventualidad le permitiría a la Provincia destinar de forma inmediata y de manera eficiente los recursos a las áreas que requieran mayor atención.
Según se plantea en el proyecto, en el contexto mencionado, resulta beneficioso contar con una mayor amplitud en cuanto a la política tributaria provincial, de acuerdo a la suspensión de los artículos 17 y 18 de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
En este contexto, se busca atender prioritariamente las consecuencias económicas y sociales que se manifiestan en este contexto de emergencia, considerando asimismo el agravamiento de la situación fiscal de la Provincia, resulta preciso adoptar medidas de carácter urgente para superar dicho estado, a efectos de asegurar el normal funcionamiento del resto de los servicios que presta el Estado provincial.
El proyecto fue aprobado por mayoría. El FR, el FdT y JxC decidieron tomarse las 48 horas para decidir su dictamen.
Fuente: Prensa Legislatura de Río Negro