En forma unánime, el Parlamento rionegrino aprobó el proyecto para crear una comisión interpoderes para revisar las leyes provinciales de Transparencia y Contractualización Frutícola. Estas normas tienen 19 y 16 años de vigencia y según Marcela Ávila, miembro informante del oficialismo, se busca mejorar las leyes para que más productores tengan incentivos para que puedan incorporarse y utilizar este régimen.
Ávila, autora del proyecto junto a Elbi Cides y José María Apud, describió que a lo largo de los 19 años de vigencia de estas leyes han ocurrido transformaciones en la actividad y cambios en los incentivos para ingresar al régimen que la ley prevé.
Entre las cuestiones a revisar, explicó que hasta el 2017 la Provincia tenía una alícuota general de Ingresos Brutos y la ley de Transparencia contemplaba que quien ingresara al régimen iba a tener una alícuota reducida. Pero a partir del 2018, cuando se suscribió el Consenso Fiscal, comenzó una disminución gradual de las alícuotas de las actividades productivas, lo que implicó dejar de tener una alícuota general para pasar a tener una de acuerdo a cada actividad. Allí la actividad de la producción quedó desgravada, exenta, y las actividades industriales quedaron con una alícuota del 1,5 o menor de acuerdo al año, por lo que quedaron con una alícuota por debajo de la alícuota reducida que ofrecía la ley de Transparencia.
Otro de los cambios planteados tiene que ver con que aunque se flexibilizó la presentación del contrato y se reemplazó por una declaración jurada, se produjo una disminución paulatina de la cantidad de contratos que se presentaron en la Secretaría de Fruticultura para ingresar al régimen de Transparencia.
“Algo está ocurriendo allí para que los productores y empresas decidan no ingresar al régimen para obtener beneficios como poder acceder a los procesos de mediación para obtener un costo que se pueda discutir y sea un precio de referencia”, observó.
Planteó que frente a esta realidad surge esta propuesta de armar esta comisión de trabajo integrada por las partes que integran el complejo frutícola, con un espíritu democrático, y con la posibilidad de ampliar la participación a otros organismos nacionales, privados, colegios, que puedan aportar a una revisión integral.
Otras iniciativas aprobadas
Asimismo, la Cámara sancionó tres iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo provincial.
La primera, modifica la ley Orgánica de la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia”, creando inspecciones regionales con jurisdicción.
La segunda, modifica el Régimen de Regularización Dominial para asignar al Ministerio de Gobierno y Comunidad, como autoridad de aplicación, en consonancia con las competencias dispuestas por la Ley de Ministerios vigente. El cambio apunta a dotar de mayor agilidad y celeridad los trámites, y descomprimir la situación del IPPV.
También se habilitó la suspensión de la aplicación de varios artículos del “Régimen de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas del Gobierno”, una iniciativa tiene que ver con la necesidad del Estado provincial de contar con la posibilidad de incrementar el gasto público, especialmente en el contexto actual de emergencia, ya que dicha eventualidad le permitiría a la Provincia destinar de forma inmediata y de manera eficiente los recursos a las áreas que requieran mayor atención.
Además, se aprobó la iniciativa que autoriza al Poder Ejecutivo a transferir en carácter de donación al Poder Judicial, el inmueble inscripto a nombre de la Provincia, ubicado en la municipalidad de Dina Huapi, con el cargo de destinar el inmueble para la construcción del edificio del Juzgado de Paz.
La autorización legislativa está condicionada al cumplimiento de los requisitos previstos en la ley A nº 3682, en forma previa a la instrumentación definitiva de la donación.
Fuente: Prensa Legislatura de Río Negro