Desde el bloque que preside Martini consideraron que “se trata de un servicio esencial, con una prestación de mala calidad, y en favor de una empresa que no invierte en infraestructura y no paga sus deudas”.
“El gobierno de Juntos Somos Río Negro dará un nuevo manotazo al bolsillo de los rionegrinos y rionegrinas si convalida el aumento del 81 por ciento exigido por la empresa Edersa”, expresaron los legisladores y legisladoras del bloque del Frente de Todos.
Afirmaron además que “Edersa tiene una posición que roza el monopolio en Río Negro, impone condiciones y el Gobierno provincial no solo no lo controla, además le hace continuas concesiones”.
La Empresa de Energía Río Negro S.A. (EdERSA) es la concesionaria para la distribución, comercialización, generación aislada y transporte de energía eléctrica de alta, media y baja tensión en la casi totalidad del territorio provincial desde la privatización del servicio en 1996.
Días atrás, la gobernadora Arabela Carreras justificó el incremento tarifario demandado por la empresa para “evitar el desfinanciamiento del sistema”, aunque adelantó que -superado el análisis técnico– se concretará paulatinamente hasta 2026.
“El gobierno habla ahora de plazos, pero sólo para disimular lo que en los hechos será un nuevo tarifazo que pagarán los vecinos y vecinas de Río Negro, de los comerciantes, las pequeñas empresas; en suma, quienes en un contexto de pandemia que ahonda el desastre económico que dejó la gestión de Mauricio Macri, luchan todos los días por recomponer su economía”, dijo la presidenta de la bancada, María Eugenia Martini.
“Las políticas del Gobierno provincial son las mismas que aplicó el neoliberalismo durante cuatro años en la Argentina; todo lo contrario a las que impulsa el presidente Alberto Fernández”, advirtió.
A comienzos de este año, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (Epre) autorizó a Edersa un incremento del 10 por ciento de la tarifa eléctrica que ya impacta en las facturas que reciben los usuarios.
Ahora la empresa reclama otro aumento del 81 por ciento para los próximos 5 años en el ítem de Valor Agregado de Distribución.
Pese a los duros cuestionamientos de propios y extraños recibidos en el curso de la audiencia pública, la gobernadora Arabela Carreras ya se pronunció a favor del incremento tarifario que, de concretarse, podría significar un impacto del 36% en la factura del usuario final.
“Lo hemos visto con el servicio de agua potable, con el impuesto automotor y con el impuesto inmobiliario; es política del Gobierno provincial cargar sobre las espaldas de los rionegrinos y rionegrinas su propio déficit, el mismo que lo llevó al default y a la crisis económica y financiera”, apuntaron desde el FdT.
Los legisladores recordaron que el Gobierno nacional mantiene por segundo año consecutivo el congelamiento de tarifas para los servicios públicos.
“El informe de la Defensora del Pueblo, Adriana Santagati, fue demoledor”, señaló Martini, “ en el sentido de que tenemos que volver a un esquema de tarifa social simple y accesible que beneficie a los sectores más vulnerables, a jubilados y pensionados, personas con discapacidad, y a entidades sin fines de lucro, entre otros”.
“La empresa”, agregó, “debe cancelar las deudas contraídas con el proveedor mayorista (CAMMESA) y rendir cuentas al EPRE, pero además, concretar un plan de inversiones asumiendo los costos y con un control claro y transparente del Estado; costos que de ninguna manera sean cargados a los usuarios”
“Ya sabemos lo que pasa con estos planteos”, concluyó Martini, “que comienzan como un globo de ensayo y terminan con un tarifazo. Nos preocupa que la gobernadora avale aumentos a una empresa que incumple con el proveedor e incumple con los usuarios, que no invierte en la provincia y ofrece un servicio de mala calidad; pero más nos preocupan las políticas de gobierno que castigan siempre a los desprotegidos tomándolos como rehenes de sus propias falencias”.