Con entereza la ex intendenta de Bariloche criticó la investigación que encuadró en el lawfare y aseguró que nada de lo hecho se apartó de la Ley.
La legisladora María Eugenia Martini defendió su inocencia en la causa en la que se investiga el destino de los fondos para la ejecución de viviendas del Plan Techo Digno entre 2013 y 2015, cuando se era intendenta de San Carlos de Bariloche. Además criticó con dureza a la Justicia por su actuación en este expediente en el que este lunes le fueron formulados cargos.
“Repaso una y otra vez mi actuar en relación al Programa Techo Digno y no encuentro nada que no esté ceñido estrictamente a lo que la ley manda, nunca -ni en éste ni en ningún caso- utilicé fondos públicos en mi propio beneficio, ni hubo perjuicio alguno al erario público. Nunca se pagó ni un solo peso de más. Las obras de las viviendas jamás se detuvieron ni mucho menos se benefició a ningún privado en el proceso”, afirmó con contundencia.
Luego aseguró que “son los gobiernos populares los únicos que a lo largo de nuestra historia, han luchado por sostener un Estado presente, por ampliar derechos, con la urgencia y con la angustia que conllevan las necesidades básicas insatisfechas como lo es el drama del acceso a la vivienda para los sectores vulnerados de nuestra sociedad. Asumimos el compromiso de trabajar siempre por y para nuestra gente, aún sabiendo que seríamos cuestionados, injuriados y perseguidos tal como sucede hoy, aquí, con estas causas en las que, curiosamente además, coinciden el cronograma de la fiscalía con el cronograma electoral”.
Agregó que “a los peronistas no nos basta con ser buenos, hay que ser mejores, mucho mejores; porque sabemos bien que aún cumpliendo a rajatabla con la Ley, más temprano que tarde llegarán las represalias”.
Relató que “todos quienes estamos hoy siendo señalados en esta causa somos peronistas. Salvo alguna excepción, Río Negro es la única provincia que lleva adelante causas por el Programa Federal Techo Digno. Y que en Río Negro ex intendentes y hoy dirigentes, legisladores y un diputado nacional, somos los encausados. Ninguno es oriundo de Viedma donde el entonces intendente pertenecía a otro partido político, más acorde con la ideología dominante a nivel nacional”.
Se preguntó “¿qué sucedió con la denuncia penal por la obra de la Calle Bartolomé Mitre; la denuncia ante este mismo Ministerio por la obra del hospital Ramón Carrillo; la denuncia penal por sobreprecios en la obra de luminarias en el acceso a la ciudad; la denuncia por aportes irregulares o truchos a las campañas políticas; la denuncia por sobreprecios en alimentos destinados a programas sociales, hace un año, aquí, en Bariloche?”.
“Nada -se respondió-, no avanzan o son desestimadas. Las condenas son -si las hay– simbólicas. No hay filtraciones a la prensa. No hay títulos catastróficos en los diarios”, sentenció.
Recordó que “cuando el ex presidente Maucio Macri asumió su cargo, destruyó -como a todos los demás programas sociales– el Techo Digno. Ya no hubo más fondos, salvo para sus amigos. Y entonces inició la persecución judicial. Desde la ex presidenta Cristina Fernández, y hacia todos los que de uno u otro modo formamos parte de aquel gobierno, se desató esta brutal maniobra antidemocrática que todos conocemos por lawfare”.
Describió ese mecanismo como la conjunción entre “el poder político, la Justicia, los medios de prensa orquestados y dedicados todas la horas del día a destruir lo que era el legado de un gobierno popular y a sus dirigentes. Si estamos aquí sentados es, evidentemente, porque no ha terminado”.
“De esto se trata el lawfare. Este embate, esta puesta en escena que no puede exhibir virtud alguna, tiene sin embargo el mérito de provocar el escarnio público personal para derrumbarnos, para que no nos atrevamos a hablar, para acallarnos, para que no podamos decir, entre otras cosas, esto mismo que estoy diciendo”, aseguró.
Sobre la causa describió que “todo el movimiento de dinero, toda certificación de los avances de obra, todo el proceso administrativo que conlleva, fue controlado y analizado por el Tribunal Municipal de Contralor, en cuya sentencia no consta ninguna observación. No hay ni el menor traspié ni sombra de duda. Y no se trataba de un Tribunal de Contralor que tuviese integrantes de mi mismo signo político, sino por el contrario. Nadie puede entonces dudar de su total imparcialidad”.
Del mismo modo, cuando el Gobierno provincial asumió la continuidad de este plan de viviendas, con toda la documentación en las manos, no hizo ninguna objeción. “En junio de 2017, el ex gobernador Alberto Weretilneck dijo a los medios de prensa que estaba convencido que ninguno de los intendentes que está inmerso en esta causa se llevó dinero a su casa”, destacó.
“Pero la condena es pública. Cuando faltan largas etapas en el proceso, los títulos junto a mi fotografía ya anticipan lo que hasta aquí no ha sucedido. Se trata de hacernos pagar con nuestra carrera y nuestra vocación política el precio de haber gobernado para mi pueblo. Disciplinar, esa es la palabra. De eso se trata. No podrán hacerlo”, concluyó.