La Ley nacional 24.374 o “Ley Pierri” establece la regularización dominial de inmuebles urbanos que tengan como destino el de vivienda única y permanente a favor de ocupantes que por no disponer de recursos no hubieran podido completar los trámites de escritura de sus hogares, pero que no obstante puedan acreditar la posesión pública, pacífica y continua de la propiedad durante 3 años.
Río Negro adhirió a la Ley Pierri, mediante la Ley provincial 3.396 sancionada en el año 2000, pero demoró casi dos décadas hasta su reglamentación instrumentada por el Decreto 1167 de octubre de 2017.
Un caso testigo es Bariloche, donde a partir de enero de 2018 el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social (IMTVHS ) anunció la puesta en marcha de talleres informativos y asesoramiento a los vecinos para el armado de las carpetas, paso central para iniciar el trámite. Sin embargo, transcurridos 3 años, ningún trámite se concretó. La situación es similar en otras localidades de la provincia.
En agosto de 2019, las autoridades del IMTVHS estimaron que en Bariloche había más de 8 mil casos de regularización dominial pendientes con posibilidades de acogerse a la Ley Pierri. De estos, solo unos 400 interesados fueron inscriptos en los listados del Instituto municipal. Este a su vez giró al IPPV apenas una decena de carpetas, que al cabo el organismo provincial rechazó.
“En Bariloche, por ejemplo, el acuerdo entre el municipio y el IPPV para la implementación de la Ley Pierri es de 2016”, recordó María Eugenia Martini, y estimó que “ya ha transcurrido un tiempo más que prolongado, durante el cual se supone que se avanzó en el trabajo en territorio, y sin embargo ningún trámite se concretó”.
“De pronto parece que el contexto electoral hizo que la gobernadora se acuerde de los rionegrinos que hace años están padeciendo una situación incierta, sin certezas sobre la tierra que habitan desde toda la vida”, apuntó Martini.
“Esperemos que esta vez sea cierto y no otro manoseo buscando alguna ventaja electoral”.
En octubre de 2020 el bloque de legisladores del Frente de Todos pidió informes al Gobierno sobre las demoras en la aplicación de la Ley Pierri en la provincia, algo con lo que volvió a insistir a comienzos de este año, pero en ningún caso hubo respuesta oficial sobre el tema.
Durante todos estos años solo 13 municipios adhirieron a la iniciativa en la provincia, y de estos 13, a la fecha, solo 2 asignaron recursos humanos abocados a tramitar expedientes por la Ley Pierri.
Meses atrás el Gobierno provincial desplazó al IPPV como autoridad de aplicación y trasladó la responsabilidad al ministerio de Gobierno.
Este miércoles, en plena campaña electoral para las elecciones primarias que se celebrarán el domingo 12 de septiembre, la gobernadora Arabela Carreras anunció un “nuevo procedimiento” para la puesta en marcha de la Ley en la provincia.
“Nunca hubo voluntad política”, señaló Martini, “el Gobierno tuvo durante años las herramientas en sus manos pero jamás las aplicó. ¿De verdad tenemos que creer que se trataba de dificultades burocráticas que durante años impidieron avanzar con los trámites de regularización para miles de vecinos, y que justo se destraban ahora en vísperas de una elección?”.
“Le pedimos al Gobierno que actúe con seriedad y responsabilidad, y que esta vez cumpla con lo que anuncia”, concluyó.