El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un hombre por el delito de defraudación, acusándolo de haber utilizado en dos oportunidades, distintas tarjetas de débito que los usuarios olvidaron en los cajeros. En la instancia se le impusieron medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercamiento a cualquier entidad crediticia en las que solía encontrarse vendiendo bolsas de residuos.
Al momento de describir el modus operandi del imputado, la fiscal describió que el hombre aprovechaba el descuido de clientes que realizaban operaciones en cajeros automáticos y cuando estos se olvidaban sus tarjetas, realizaba operaciones bancarias de extracciones o transferencias.
Los dos hechos imputados ocurrieron durante este año. Uno de ellos en el interior del sector de cajeros electrónicos del banco situado en la calle Sarmiento. En dicha oportunidad detectó que una mujer había olvidado su tarjeta de débito y transfirió más de 260.000 pesos a cuentas bancarias propiedad de su conyugue.
Algunos meses después – sostuvo la acusación- el hombre repitió dicho accionar en este caso en la sucursal del mismo banco ubicada en la calle Tucumán de Viedma. La Fiscalía sostiene que el imputado habría utilizado el mismo método para extraer de la cuenta asociada a la misma la suma de 20 mil pesos.
Ambas investigaciones se iniciaron con la denuncia penal e incluyeron la información analizada por las áreas de informática forense del Poder Judicial y la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones de la Procuración General. Además fue fundamental el registro audiovisual obtenido de las cámaras de seguridad del Banco en el que se puede observar al imputado utilizando los cajeros en los mismos horarios en que se realizaron las transacciones denunciadas.
Con ese sustento probatorio, entre otra documentación y entrevistas, la Fiscal Maricel Viotti Zilli formuló cargos por el delito de defraudación, según los Artículos 45 y 173 inciso 15 del Código Penal.
El Defensor oficial del imputado, Carlos Dvorzak no manifestó objeciones a la formulación de cargos, ni a los pedidos efectuados por la Fiscalía. Finalmente la Jueza de Garantías Itziar Soly tuvo por formulados los cargos en ambas oportunidades y dispuso – a pdido de la Fiscalía- la prohibición del imputado de acercarse a cualquier entidad crediticia en las que solía encontrarse vendiendo bolsas de residuos. Cualquier incumplimiento de la medida cautelar impuesta implicará un agravamiento de la misma.
El accionar de este hombre había comenzado con anterioridad en un primer hecho por el que también se lo había imputado, pero en el marco del cual había suscripto con la víctima un Criterio de oportunidad cuando la mujer aceptó en sede Fiscal, el compromiso del imputado de devolverle el dinero del cual se había apoderado también utilizando la tarjeta olvidada.
En este sentido, el Código Procesal Penal en el Artículo 14 determina que “jueces y fiscales procurarán la solución del conflicto primario surgido a consecuencia del hecho, a fin de contribuir a restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social”, por lo cual en aquella oportunidad se le otorgó el beneficio. No obstante ante la comisión de nuevos hechos se descartó una nueva salida alternativa por lo que deberá afrontos ahora sendas causas penales.
En el ámbito del Ministerio Público la Instrucción General 8/2018 explica los alcances de las medidas alternativas de resolución de conflictos. Asimismo la IG N° 2/2018 determina las limitación a aplicar dichos institutos en casos relativos a violencia de género.
Ministerio Publico Fiscal / Viedma