El bloque del Frente de Todos propuso declarar de interés comunitario, social y educativo el proceso participativo y federal para una reforma integral de la Ley de Protección para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, impulsado por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, junto a ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
Además la bancada, con la autoría de María Eugenia Martini, Gabriela Abraham, María Inés Grandoso, Alejandra Más y Daniela Salzotto expresó su beneplácito por esa iniciativa anunciada desde la cartera que conduce Elizabeth Gómez Alcorta y el Congreso Nacional.
En coincidencia con el día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación en conjunto con diputados y diputadas, senadores y senadoras de la Nación, anunció la presentación de una iniciativa parlamentaria para la revisión plena de esa norma a través de un proceso participativo y federal.
La propuesta busca poner en discusión nuevos tipos y modalidades de violencias de género, incorporar la perspectiva de diversidad, brindar herramientas para el abordaje de las violencias en un nuevo contexto institucional y fortalecer el rol de las provincias, municipios y organizaciones sociales territoriales, entre otras cuestiones de fundamentales para consolidar un modelo integral de política de Estado hacia las violencias por motivos de género.
La necesidad de actualizar y revisar los temas que aborda la Ley 26.485 pone en perspectiva la realidad dinámica de la sociedad. La visibilización de las violencias de género, y la forma en que impactan en las trayectorias de vida de mujeres y LGBTI+, ofrece hoy una visión mucho más profunda de la problemática y sus diferentes dimensiones.
Contar con leyes innovadoras y sensibles a los cambios que se producen en la vida de las personas, normas que reconocen las desigualdades y cómo se actualizan en distintos ámbitos, es vital para tener herramientas legislativas efectivas, que den respuestas concretas cuando se busca resguardar y garantizar derechos tan esenciales como vivir una vida libre de violencias.
Con este objetivo, la iniciativa impulsa un proceso participativo, político y territorial liderado por representantes de ambas cámaras, en articulación con el MMGyD, que construya los principales lineamientos para una nueva ley. El proceso implicará la organización de foros territoriales de consulta participativa en todas las provincias del país y la creación de mesas de trabajo con especialistas que dialoguen sobre las reformas normativas necesarias en materia de violencias por motivos de género, violencia económica por motivos de género, acceso al hábitat, acceso al trabajo, entre otros. Los debates y la información reunida en estos espacios de trabajo serán el insumo fundamental para la redacción del proyecto de ley que se presentará el 25 de noviembre del próximo año.
Además permitirá abrir el debate para confirmar o hacer cambios en la actual definición y clasificación de los tipos y modalidades de violencia y evaluar qué posibilidades brinda la ley para sustentar las políticas públicas que abordan las violencias de género. Por otro lado, se propone evaluar si existen tipos de violencia específicos ejercidos contra la población LGBTI+ en razón de su identidad de género.
Se convocarán encuentros regionales en las sedes de distintas Universidades Nacionales y otros espacios de la comunidad y se invitará a participar a actores institucionales, comunitarios, organizaciones y público en general a exponer propuestas sobre cada uno de los ejes que se aborden, como también expertos que aporten sus miradas.
La construcción colectiva de la propuesta de Reforma Integral se realizará en un tiempo no menor a seis meses. Luego de ese tiempo se establecerá un plazo de tres meses para la redacción del proyecto de ley.