Columna de Gustavo Vera, Director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.
Hoy se celebra el día internacional para la abolición de la esclavitud en conmemoración al 2 de diciembre de 1949 en que la asamblea de la ONU aprobó el convenio para la represión de la explotación y trata de personas.
Desde entonces, los Estados miembros de la ONU luchan para erradicar tanto la esclavitud sexual como laboral, y Naciones Unidas insiste año tras año en aumentar los esfuerzos para erradicar cualquier forma de esclavitud y explotación.
Sin embargo, la trata y explotación de personas sigue siendo el tercer delito más rentable del crimen organizado, luego del tráfico de armas y de drogas, y factura de manera ilegal más de 150 mil millones de dólares, afectando a más de 40 millones de personas.
Consciente de la gravedad de este delito que afecta la vida, libertad, dignidad e integridad de las personas, el gobierno de Alberto Fernández ha apoyado fuertemente a los dos organismos que deben planificar y ejecutar la lucha contra la trata y explotación de personas y para la asistencia y protección a las víctimas: el comité ejecutivo y el consejo federal.
Desde el comité ejecutivo elaboramos durante el 2020 el plan bienal 2020-2022 que fuera aprobado en la 13ª reunión del Consejo Federal el 28 de diciembre del año pasado. Consta de 100 acciones articuladas con 44 organismos, divididas en 3 ejes estratégicos (prevención, persecución y asistencia) y 1 eje transversal (fortalecimiento institucional) a los fines de mejorar los estándares de intervención de los 3 poderes del Estado en la lucha contra la trata de personas.
El énfasis del plan estuvo puesto en mejorar tres cuestiones fundamentales: 1) el mejoramiento de los programas de restitución de derechos para las víctimas rescatadas del delito de trata en el corto, mediano y largo plazo; 2) la profundización de las investigaciones judiciales que conecten el delito de la trata con el lavado de activos; y 3) Avanzar en la articulación en los tres niveles del Estado (nacional, provincial y municipal) en redes interinstitucionales de trabajo.
Articulación Federal
Respecto a la articulación federal se destaca la constitución de 21 mesas interinstitucionales en 18 provincias con acuerdo de los gobernadores, en donde confluyen organismos competentes del estado provincial, delegaciones del estado nacional, representantes del poder judicial, sindicatos y sociedad civil y articulación con municipios a los efectos de mejorar las acciones de prevención, persecución y asistencia, delimitando la competencia de cada organismo.
Prevención y Capacitación
Se destaca la campaña para visibilizar la línea anónima y gratuita 145 del Ministerio de Justicia para denunciar explotación sexual o laboral y la distribución de más de 60.000 calcos en todo el país. Entre agosto del 2020 y setiembre del 2021 ingresaron denuncias a la línea 145 de los 24 distritos de la Argentina, reflejando la visibilización y capilaridad en todo el país. Además, es creciente el número de municipios que votan ordenanzas estableciendo la obligatoriedad de difundir la línea 145 en taxis, remises y establecimientos públicos.
Durante el último año se realizaron cientos de capacitaciones a lo largo y ancho del país, en las que 45.617 personas fueron sensibilizadas e informadas durante el primer año de ejecución del plan, en su mayoría funcionarios nacionales, provinciales y municipales y miembros de organizaciones de la sociedad civil y sindicatos. En estas capacitaciones no solo de trabaja sobre la detección temprana de indicios de explotación laboral o sexual, sino también en otras modalidades de explotación como los vínculos entre trata y grooming, entre la trata y el lavado de activos o la prevención en el tráfico de órganos, tejidos y fluidos.
Restitución de derechos: trabajo, vivienda y acompañamiento terapéutico
En los programas de restitución de derechos se agilizaron programas de restitución de derechos en el corto plazo como el Potenciar Trabajo y de Ayuda Urgente del Ministerio de Desarrollo Social, el programa Acompañar del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y el Subsidio de protección por explotación laboral del RENATRE al cual accedieron más de un millar de víctimas en el último año.
Entre los programas de restitución de derechos de mediano y largo plazo en estado de ejecución se destaca el Programa de Reparación de Derechos y Fortalecimiento de Competencias laborales del Ministerio de Trabajo, mediante el cual varias decenas de víctimas rescatadas del delito de trata se están capacitando en oficios, percibiendo una remuneración durante un año y orientadas por el Ministerio a insertarse laboralmente en el ámbito público o privado.
En línea con las políticas públicas nacionales, se resaltó el creciente compromiso de provincias y municipios tendientes a garantizar, mediante leyes u ordenanzas, programas de reinserción laboral o cupos laborales destinados a asegurar capacitación y acceso al empleo para víctimas de trata, destacando que en los últimos cuatro meses dos provincias (Catamarca y Chaco) han sancionado leyes de cupo y reinserción laboral y 15 municipios en 9 provincias ya han votado ordenanzas que garantizan capacitación y acceso al empleo para victimas rescatadas del delito de trata.
Una de las líneas más importantes en materia de reparación de derechos es la puesta en pie del Fondo de Asistencia para Víctimas de Trata en el ámbito del Ministerio de Justicia que resarcirá material y económicamente a las personas rescatadas del delito de trata. Este resarcimiento será por orden judicial y mediante restituciones económicas obtenidas de los bienes decomisados a los tratantes y el proceso será supervisado por el Consejo Federal de lucha contra la trata y explotación de personas.
También hay que destacar el convenio de acompañamiento terapéutico firmado con la dirección de Salud Mental mediante el cual se garantiza tratamiento y/o acompañamiento terapéutico a todas las victimas que así lo requieran el tiempo que fuese necesario, y el Estatuto Especial de Acceso a la Vivienda acordado entre el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para promover el acceso a la vivienda de todas las victimas rescatadas del delito de trata mediante los cupos de emergencia que dispone cada instituto provincial de la vivienda. Estos dos convenios, en proceso de desarrollo, están a punto de ser refrendados federalmente en los consejos respectivos para su posterior ejecución.
Reconocimiento internacional a la Argentina Durante el período de ejecución del plan se destaca el rescate y acompañamiento a más de 2000 víctimas entre 2020 y 2021 por parte del PNR y los puntos focales de cada provincia.
A pesar de las dificultades ocasionadas por la pandemia se ha profundizado la articulación federal, los programas de restitución de derechos y los esfuerzos para profundizar la lucha por la erradicación de toda forma de esclavitud. Nunca antes en la Argentina hubo tantas iniciativas nacionales, provinciales y municipales para reparar derechos en el corto y largo plazo a las víctimas de trata. También es récord la cantidad de acciones de prevención y formación en todas las provincias.
Con la creación de la División contra el Trabajo ilegal de la AFIP y la coordinación estrecha entre la UIF y el Comité se han profundizado las investigaciones preliminares con la Protex, la acción querellante del estado y el seguimiento de las causas en la justicia. En esto también se han dado pasos que permiten ir a fondo contra los explotadores.
Por todas estas razones la Argentina alcanzó la máxima categoría -Tier 1- en el informe mundial que realiza la Oficina para Monitorear y Combatir la Trata de Personas del gobierno de los EEUU por sus políticas de Estado destinadas a prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en una evaluación que incluye a 150 países. La Argentina está entre los 28 países que mejor combaten la trata en el mundo y entre los 3 latinoamericanos junto con Chile y Colombia.
El gobierno de Alberto Fernández es fiel a la tradición argentina de lucha contra la trata que se inició con la sanción de la primera norma en el mundo contra la explotación sexual en 1913 y que continuo con normas contra la explotación laboral con el estatuto del peón en 1945.
Fuente: Jefatura de Gabinete de Ministros