En el plenario de la “55va Reunión de Ministros y Ministras de Justicia del Mercosur”, logró aprobarse el proyecto que crea las Órdenes Mercosur de Protección (OMP), iniciativa promovida por el Ministro Martin Soria como Presidente Pro-Tempore del organismo durante el primer semestre de 2021. El acuerdo implica que las medidas de protección contra la violencia de género dictadas por los Poderes Judiciales de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se reconocerán y aplicarán mutuamente sin necesidad de impulsar nuevos procedimientos.
De la reunión de Ministros y Ministras de Justicia, coordinada desde Asunción por la Presidencia Pro-Tempore de Paraguay, participó de manera virtual el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, quien se refirió al encuentro como “una jornada histórica en materia de cooperación e integración regional”, celebró el acuerdo alcanzado en materia de justicia de los gobiernos del Mercosur: “Hemos producido un verdadero hito. Las Órdenes Mercosur de Protección serán una herramienta de enorme valor estratégico para alcanzar el objetivo de erradicar la violencia de género en nuestros países”.
El proyecto aprobado por el máximo órgano en materia de justicia del Mercosur surgió de la necesidad de desarrollar un instrumento jurídico seguro que permita proteger a las mujeres que sufren violencia de género a través de un mecanismo rápido y efectivo que reconozca y ponga en marcha las medidas de protección vigentes en un país de Mercosur en el resto de los Estados Parte.
Soria destacó el resultado del trabajo haciendo hincapié en la calidad de las respuestas impulsadas en el ámbito regional, “El proceso que hemos llevado adelante durante el último año, que nos permitió estar hoy aprobando la creación del primer mecanismo regional que reconoce las medidas de protección vigentes en cada uno de nuestros Estados para las mujeres en situación de violencia de género, demuestra cómo un organismo regional puede ser sensible, rápido y moderno, para dar respuestas actuales a problemáticas que nuestros pueblos nos reclaman que resolvamos”.
Refirió que se trata de medidas concretas que atienden y solucionan realidades cotidianas de cada habitante del Mercosur: “Estamos resolviendo inconsistencias tales como aquellas que muy comúnmente se experimentan en las zonas de frontera, donde las personas en situación de violencia se trasladan a pocos kilómetros de los sitios que habitan y ya están desprotegidas por el simple hecho de encontrarse en otro país”, ejemplificó.
Antes de la firma de los Ministros y Ministras, el Estado argentino había desempeñado un rol protagónico en el impulso de la propuesta y a lo largo de todo el debate que se desarrolló en el marco de las Comisiones Técnicas. A partir del avance de esta iniciativa, la autoridad competente de cualquier Estado Parte podrá decretar una serie de medidas de protección contra la violencia de género que serán aplicadas bajo el principio de mutuo reconocimiento, sin necesidad de llevar adelante otros procedimientos, en el territorio de los Estados que incorporen el tratado.
Las medidas contempladas en el acuerdo son: prohibiciones de ingreso a determinados lugares donde la mujer reside o se encuentra temporalmente; la prohibición o restricción de contacto por cualquier medio con la persona destinataria de la medida; la prohibición o restricción de acercamiento, que podrá incluir el uso de dispositivos de geolocalización o rastreo; la suspensión de la tenencia, porte y uso de armas; y “cualquier otra medida necesaria” para garantizar la seguridad de las personas destinatarias de la medida y evitar la repetición de todo acto de violencia.
A su vez, el Estado que recibe la OMP se limita a realizar un análisis formal de la medida y solo puede denegarla en los casos puntualmente establecidos en el proyecto (cuando las prohibiciones o restricciones impuestas por la medida de protección no se encuentren contempladas en el acuerdo, o bien sea manifiestamente contraria al orden público del Estado que debe ejecutar la medida), aunque, de todas maneras, está obligado a dictar las medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las personas destinatarias y, eventualmente, de hijos, hijas o personas a cargo.
El tratado ahora pasará para su aprobación al Consejo del Mercosur, órgano superior del Mercosur integrado por los ministros y ministras de Economía y Relaciones Exteriores del Mercosur, que tiene previsto reunirse en las próximas semanas. Luego de ello, tal como lo establecen las pautas del acuerdo proyectado, entrará en vigencia 30 días después de que dos de los Estados Parte lo ratifiquen.
Acuerdo sobre reconocimiento mutuo de medidas de protección para las mujeres en situación de violencia de género entre los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados
El acuerdo alcanzado – denominado “Acuerdo sobre reconocimiento mutuo de medidas de protección para las mujeres en situación de violencia de género entre los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados” – tiene como principal antecedente la “Recomendación sobre reconocimiento mutuo de medidas de protección para mujeres en situación de violencia basa en género” emitida durante la Presidencia Pro-Tempore Argentina el 3 de junio de 2021 gracias al acompañamiento del pleno de los países que integran el organismo regional.
Desde aquella oportunidad, las Comisiones Técnicas avanzaron en un abordaje integral de la problemática hasta concluir en este acuerdo. En tal sentido, Soria reconoció “la vocación de diálogo y trabajo conjunto que ha demostrado cada uno de los Estados parte y las Comisiones Técnicas, que supieron conducir el debate con mucha solvencia, construyendo los consensos que hoy nos permiten arribar a este acuerdo”, puntualizando en el trabajo conjunto desplegado por las áreas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Dirección Nacional de Políticas Transversales de Género y Dirección Nacional de Asuntos Internacionales); y los de Mujeres, Géneros y Diversidad y Relaciones Exteriores y Culto.
Durante el debate de las Comisiones Técnicas, la delegación argentina, en concordancia con el resto, impulsó un texto acorde a los lineamientos de la Ley Nacional de Identidad de Género Nro. 26.743, consensuando la incorporación de otras identidades a través de la aplicación extendida contemplada en el proyecto.
Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
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