El Ministerio de Justicia participó del operativo mediante el que se desbarató una clínica clandestina vinculada a una secta acusada de trata de personas

En los últimos días se realizaron una serie de allanamientos conjuntos en CABA y el conurbano bonaerense en el marco de una operación contra una secta religiosa acusada de trata y explotación sexual y laboral. La cartera nacional participó a través del programa nacional de Rescate a Personas Damnificadas por el Delito de Trata (PNR).

Durante el operativo, denominado “Secta Sociedad Anónima”,se incautaron cerca de 500.000 dólares, títulos de propiedad, historias clínicas, material de pornografía infantil y se hallaron “cuartos para intercambio sexual”. En la mayoría de los departamentos había gran cantidad de bebidas alcohólicas, preservativos y ropa de cama; también elementos que serían utilizados para prácticas sexuales sadomasoquistas.

Los allanamientos se efectuaron en forma conjunta con la División Trata de Personas de Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). El operativo contó con la colaboración del Bureau de Seguridad Diplomática (DDS).

La coordinadora del PNR, Zaida Gatti, relató que entre las personas halladas en los domicilios, algunas estaban desde “hace décadas rindiéndole culto al líder de la congregación, tiempo en que fue anulada su voluntad y autonomía” y explicó que a pesar de que las víctimas contaban con libertad ambulatoria, lo que se logra con este tipo de prácticas, es “obtener la dependencia absoluta”.

Las entrevistas realizadas por profesionales del PNR permitieron conocer que muchas de las personas asistidas al momento de ser captadas fueron separadas de sus familias y que, incluso, algunas tuvieron hijos producto de las violaciones sufridas a lo largo del tiempo en el marco de la secta.

Puntualmente sobre la clínica clandestina ubicada en el barrio de Villa Crespo, el informe del PNR detalló que el lugar “contaba con habilitación para consultorio externo, pero no para internación; fue hallada una enorme cantidad de psicofármacos. Había consultorios de ginecología, cardiología y clínica en general” y una característica central que destaca el informe fue que “la distribución de algunas habitaciones era Consultorio-baño-habitación”.

PROGRAMA NACIONAL DE RESCATE

El Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del ministerio de Justicia y Derechos Humanos brinda asesoramiento técnico y apoyo psicológico y, desde el momento del allanamiento, el Programa interviene, conjuntamente con las Fuerzas de Seguridad Federales con el fin combatir y prevenir el delito, como así también acompaña a las victimas hasta que se encuentren en condiciones de prestar declaración testimonial en sede judicial en articulación con el Programa de Testigos.

Durante el 2021 desde el Programa Nacional de Rescate se han rescatado y asistido a 1.337 víctimas a lo largo y ancho del país; y a su vez, en conjunto con las fuerzas de seguridad federales, el programa ha intervenido, en 2.067 casos y se han radicado 1.571 denuncias, por llamados recibidos a través de la línea 145.

 

FONDO DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE TRATA

En el marco de la lucha contra la Trata, en noviembre de 2021 el ministro Martín Soria puso en funcionamiento el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata. Y en ese sentido, algunos días atrás se realizó la primera reparación a un víctima de trata a través del Fondo: es el caso de una mujer misionera, explotada en Santiago del Estero, que recibió una indemnización.

La reparación económica actualizada se obtuvo a partir del decomiso y venta del inmueble que era propiedad de la red de trata de personas que logró ser desbaratada por las autoridades judiciales.

La puesta en marcha del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas representa un hito de la Argentina en la lucha contra este delito aberrante: esta herramienta estaba previsto en la Ley 26.842 del año 2012, se formalizó a través del acuerdo entre el ministerio de Justicia y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos