Hacia un cuidado más igualitario

Esta semana, se realizó en Buenos Aires la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Una de las actividades centrales fue la presentación de un documento que busca establecer una guía de políticas para lograr una sociedad del cuidado más equitativa en la región.

“Todos necesitamos cuidado pero solamente las mujeres cuidamos”. Con esa frase, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género de Chile, Antonia Orellana, resumió la necesidad de avanzar hacia una redistribución más equitativa del cuidado en América Latina y el Caribe. Y aclaró: “No podemos pretender, como ha ocurrido lamentablemente muchas veces en nuestro historial, que se implante en nuestra región un modelo que viene del norte global. Los países del norte tienen una tradición respecto al Estado de bienestar y la igualdad de género que es distinta a la nuestra. Debemos partir de nuestras propias historias y necesidades para construir nuestros sistemas de cuidado”.

Esta semana se realizó en Buenos Aires la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, uno de los principales foros intergubernamentales sobre los derechos de las mujeres de la región. Esta cumbre es organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y, desde 2020, se ha sumado también la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres).

Las jornadas reunieron a las principales autoridades de los países de la región y una de las actividades centrales fue la presentación del documento ¨La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género¨, que condensa la construcción colectiva de políticas de género que se viene realizando en las últimas cinco décadas. El objetivo del documento fue establecer diagnósticos precisos y propuestas concretas que permitan dejar atrás un modelo de desarrollo que ha ignorado el rol clave del cuidado de las personas en el funcionamiento de la economía mundial.

“La situación de inequidad en la distribución de los cuidados afecta directamente a las mujeres. Los cuidados son un trabajo que pueden y deben ser redistribuidos entre las cuatro puntas de diamante del cuidado: el Estado, la familia, la comunidad y el mercado. Por eso, el rol central del Estado es impulsar políticas y servicios que garanticen la redistribución de los cuidados de manera equitativa y sabemos que uno de los ejes centrales para lograr esto es la inversión en infraestructura del cuidado”, afirmó la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina, Ayelén Mazzina, durante la presentación del informe.

Luego, mencionó dos ejemplos de políticas que el país ha implementado en este sentido. Por un lado, explicó que se ha destinado una inversión que contempla el 8,5% del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas para avanzar en la construcción de una infraestructura destinada a la economía del cuidado. “Esto fue producto de una decisión política”, remarcó. Por otro lado, se busca impulsar la formalización de las trabajadoras de casas particulares, ya que 3 de cada 10 mujeres en Argentina trabajan en este rubro. Para ello, el gobierno creó el programa Registradas, que busca reducir los índices de informalidad y brindar un apoyo económico a las trabajadoras registradas por sus empleadores. Al momento, son más de 18.600 las que pudieron acceder al beneficio.

A continuación, el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, presentó los aspectos más importantes del documento. “América Latina y el Caribe es la única región que desde hace 45 años impulsa una agenda regional de género que guía a las políticas públicas de los países para promover la autonomía de las mujeres”, dijo, y señaló dos hitos. Uno fue en 2007, cuando se aprobó la creación del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe; y el otro en 2016, cuando se aprobó la Estrategia de Montevideo y se identificaron los cuatro nudos estructurales de la desigualdad de género a superar: la desigualdad socioeconómica y la pobreza, la división sexual del trabajo, los patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos; y la concentración del poder.

“Un argumento muy importante a favor de los efectos económicos de la inversión pública en sistemas de cuidado es que esta inversión genera un círculo virtuoso de la econonía general porque esa inversión genera nuevos empleos e ingresos y esto aumenta el consumo y la recaudación fiscal. Es decir que más allá de que sea lo correcto de hacer, la inversión en sistemas de cuidado tiene una alta tasa de retorno económica y social”, explicó Salazar. También mencionó que otra dimensión económica importante es que cuando se valoriza el trabajo no remunerado de las mujeres en sus hogares, se demuestra que ese trabajo juega un papel fundamental en el funcionamiento de las economías, pese a que no suele ser contabilizado en las cuentas nacionales de los países.

La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es uno de los principales foros intergubernamentales sobre los derechos de las mujeres de la región.

Desde la CEPAL, estiman que cerrar las brechas género de participación laboral podría incrementar el PBI en 6,9 puntos porcentuales entre 2016 y 2030 en la región. Además, según el informe, un 60% de las mujeres en hogares con presencia de niños y niñas menores de 15 años declaró no participar en el mercado laboral por atender responsabilidades familiares, mientras que en hogares sin presencia de niños y niñas del mismo grupo etario esta cifra se ubica en el 18%.

El documento también apunta a que actualmente el mundo está atravesando una serie de “crisis en cascada”, que incluyen la pandemia de COVID-19 y la crisis climática, que han profundizado la desigualdad de género. Esto repercute en una mayor dificultad para combatir las problemáticas estructurales como la división sexual del trabajo, que se instala en edades tempranas y se refuerza con la reproducción de patrones culturales patriarcales. Por eso, el funcionario indicó que los países deben poner el foco en ampliar y mejorar el acceso a la educación sexual y a la salud sexual integral, ya que esto es clave para la autonomía de niñas y jóvenes.

“Es necesario que la región avance hacia políticas de cuidado que sean más efectivas en los territorios. Para ello, hay que analizar los cuidados de manera situada, considerando las condiciones de infraestructura, transporte, conectividad y otros aspectos de cada lugar”, apuntó Salazar. En este sentido, mencionó dos ejemplos: el Mapa Federal del Cuidado de Argentina, que contiene la ubicación geográfica de organizaciones, instituciones educativas y servicios que brindan cuidados o formación en cuidados; y el sistema distrital de cuidados de la Alcaldía de Bogotá, que estableció una serie de indicadores con enfoque de género, orientados al diseño e implementación del sistema de cuidados.

Otro dato importante que se desprende del informe es que en la región las mujeres dedican un 19,6% de su tiempo al trabajo de cuidados no remunerado mientras que los hombres apenas un 7,3%. Es decir que, más allá de las variaciones que se dan en cada país, en promedio dedican casi el triple del tiempo que ellos. También hay muchos desafíos a superar en el mercado laboral. Un ejemplo de esto es que las mujeres están sobrerrepresentadas en el área de salud (son el 72,6% de las personas ocupadas en el sector) y, sin embargo, se registra una brecha salarial del 39% con respecto a los hombres y son minoría en los puestos jerárquicos.

En el capítulo VI del documento, se brindan una serie de recomendaciones de políticas para reducir las brechas de género, divididas en cinco áreas clave: sistemas integrales de cuidado, pactos fiscales, mercado laboral, reducción de brecha digital de género y cuidado del planeta. Salazar finalizó la presentación remarcando: “No es momento de cambios graduales y tímidos, sino de políticas transformadoras y audaces”.

Del dicho al hecho, hay una larga brecha

Luego de la presentación del documento, expertas y funcionarias de distintos países realizaron algunos comentarios sobre el mismo, con el objetivo de discutir algunos puntos necesarios para poder pasar del papel a la acción. En ese sentido, Antonia Orellana, ministra de la Mujer de Chile, apuntó a la necesidad de incorporar al sector privado a estas discusiones. “Si hay algo que sabemos en Chile es que cuando no se garantiza un derecho, éste se mercantiliza y se transforma en un negocio”, señaló.

También habló de la necesidad de pasar del concepto de corresponsabilidad familiar de los cuidados a una corresponsabilidad social. “En Chile, 6 de cada 10 hogares son liderados por mujeres jefas de hogar monomarentales y, por lo tanto, no hay con quien hacer la corresponsabilidad. Si apuntamos a una redistribución dentro del hogar, las estamos dejando en el mismo lugar. También hay que pensar que es distinto cuidar en la ciudad y cuidar en el campo; cuidar siendo migrante que siendo residente. Hay que mirar las verdaderas estructuras familiares que tenemos en nuestra región, no las ideales”, indicó.

Por otro lado, la ministra remarcó la necesidad de trabajar en convencer a todos los sectores de la sociedad sobre la relevancia de caminar hacia la sociedad del cuidado. “No podemos asumir que porque aquí tenemos muchos datos, esto se va a dar porque sí. Tenemos que convencer también a los sectores que no son parte del gobierno y demostrar que fortalecer el cuidado impacta también en otros pilares de la sociedad y favorece la salud y la autonomía de todas las personas. Hay que usar estos datos para poder convencer de que los cuidados no son un gasto, son una inversión de alta rentabilidad social”, destacó.

Otra de las comentaristas fue María Ángeles Durán, Investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, especialista en economía del cuidado, quien problematizó la viabilidad de aplicar las recomendaciones del documento. “Este documento es normativo y dice lo que se debe hacer pero hay que tener en cuenta que la región atraviesa un endeudamiento muy grande y, en muchos casos, se ha paralizado la actividad productiva después de la pandemia. Por eso, es importante aprovechar esta reunión para definir cuestiones como: ¿quién asumirá los costos de la redistribución? ¿Con qué grado de resistencia nos vamos a encontrar? Si ponemos un millón de dólares para crear servicios de cuidado, lo tenemos que quitar de otro sitio. ¿Quiénes van a aportar ese esfuerzo?”, planteó.

Además, la investigadora señaló que el trabajo de cuidado es una actividad en la que suele ir implícito mucho afecto pero que no se habla tanto de que también hay implícito un desafecto debido a que la obligatoriedad de cuidar muchas veces lleva consigo el abandono del empleo y la pobreza del cuidador. “Otra cosa que nadie dice es que son jornadas extraordinariamente largas, que implica seguir trabajando sábados y domingos, en Navidad y aunque te duela la cabeza. Y es muy difícil cubrir toda esa carga. ¿Saben cuántas personas hacen falta para cubrir el ciclo completo de cuidado? Cinco trabajadores por persona dependiente”, indicó Durán.

 

Por otra parte, la experta llamó la atención sobre el problema del cuidado de adultos mayores. “La mitad de los países de América Latina ya llegaron a la etapa de madurez demográfica y lo que se nos viene encima es el cuidado de los adultos mayores, a los que les queda más de 20 años fuera del mercado de trabajo. Además, la enorme paradoja del cuidado es que si a esa persona dependiente la cuidamos bien, nos sale todavía más cara porque en lugar de morirse pronto, que sería más barato, vivirán más tiempo. ¿Verdad que los cuidados se merecen una nueva ciencia? Pues en eso estamos”, aseveró.

La jornada continuó con los comentarios de las delegaciones de diversos países, en busca de avanzar hacia una construcción verdaderamente colectiva de políticas para la región. Finalmente, la directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, María Noel Vaeza, apuntó: “Invertir en cuidados no es solo necesario y justo, sino que es económicamente inteligente, pero necesitamos voluntad política y financiamiento. Por eso, vamos a trabajar con la CEPAL para proponer seis o siete maneras de financiar los sistemas de cuidado. Para citar un ejemplo, el 6% del producto bruto de la región se va en la evasión de impuestos. Si movilizamos recursos para impedir la evasión, ese dinero podría ir a la creación de sistemas de cuidado. Ojalá que esta conferencia guie el camino hacia una sociedad del cuidado de las personas y del medio ambiente que, al igual que la salud y la educación, es un pilar fundamental para el buen vivir”.

 

Por Nadia Luna

Fuente: Agencia TSS