Ayer juraron cinco ingresantes que obtuvieron el mayor puntaje en el primer concurso exclusivo para Personas con Discapacidad. Sólo dos Poderes Judiciales en el país implementaron esta modalidad específica que tiene como objetivo es acortar los plazos para cumplir con la Acordada del Superior Tribunal de Justicia y de la Procuración General que estableció que un cupo mínimo del 4 % del total de sus puestos de trabajo sean reservados para personas con discapacidad.
Dos de los ingresantes ocuparán puestos en el Ministerio Público, se trata de Jorge Mandado quien reforzará el equipo de la Fiscalía N° 1 y Emilia Tolosa Guidi que cumplirá funciones en la OITEL. Los restantes trabajarán en el Juzgado de Ejecución Penal, Juzgado de Paz y la Inspectoría de Justicia de Paz. En todos los casos, con asiento en Viedma.
La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini, fue la encargada de tomar los juramentos. Estuvo acompañada por el vocal Sergio Ceci y la Subsecretaria de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad del Poder Ejecutivo, Laura Balmaceda. Agentes del Poder Judicial, familiares y allegados colmaron el auditorio.
La presidenta del STJ resaltó las “características muy trascendentes” de este juramento dado que desde el año 2019 trabajan para “poder cumplir acabadamente con este acto de inclusión con igualdad”.
Agregó que “desde las Convenciones y toda la arquitectura jurídica se ha provocado un cambio en nuestra cultura. El cambio de poder comprender y aceptar que todos y todas las personas humanas tenemos dignidad. Eso es lo que debemos respetar”.
El concurso
El proceso fue establecido en detalle mediante Acordada N° 10/2021 del STJ y la Procuración General. Este primer llamado comprendió exclusivamente a la Primera Circunscripción Judicial, con cabecera en Viedma. El requisito para concursar fue contar con el Certificado Único de Discapacidad vigente.
Antes, la Acordada N° 019/2019 estableció este cupo mínimo.
El Poder Judicial asumió así lo que la Ley Nacional N° 25.689 ordena cumplir a todos los organismos públicos nacionales, empresas públicas y concesionarias de servicios públicos: asignar un cupo mínimo del cuatro por ciento de su planta de personal a personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para esos cargos.
Si bien hoy hay muchas personas con discapacidad trabajando en el Poder Judicial, que ingresaron por los concursos generales, esta convocatoria específica tuvo por objeto disminuir la brecha respecto al ideal mínimo del cuatro por ciento.
Procuracion General / Rio Negro