Denuncia penal contra el Superior Tribunal de Justicia de Rio Negro por el “Caso Lago Escondido”

El lunes pasado, ante la Fiscalía N° 4 de la ciudad de Viedma, se radicó una denuncia penal contra el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE RIO NEGRO por la presunta simulación, alteración o falsificación de DOCUMENTO PÚBLICO en el sorteo de jueces que dictaron sentencia el 31 de agosto de este año y por la cual se descartó el camino de TACUIFI, dejando como única vía de acceso al LAGO ESCONDIDO, una servidumbre de paso que obliga a los ciudadanos a recorrer durante 4 días caminando o a caballo un sendero de montaña de alta peligrosidad, lo cual lo convierte restrictivo para personas sin entrenamiento físico suficiente, niños, ancianos y personas con discapacidad.

La misma conducta presuntamente delictiva se habría producido en el segundo sorteo previo a la declaración de admisibilidad del RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presentado recientemente por Odarda, con el fin de revocar dicho fallo y ratificar las sentencias del Juez de ejecución Dr. Carlos Cuellar del año 2013 y de la Cámara en lo Civil, Comercial y de Minería de Bariloche, en septiembre de 2022.

La legisladora electa Magdalena Odarda (VAMOS CON TODOS/UNION POR LA PATRIA), denunció la posible comisión de delitos de acción pública, como lo es la FALSIFICACION DE DOCUMENTO PUBLICO, ABUSO DE AUTORIDAD, INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIOS PUBLICOS, PREVARICATO Y ESTAFA PROCESAL y solicitó se lleven adelante medidas investigativas suficientes como el allanamiento de las instalaciones del STJ, el secuestro de documentación, testimonio de los cinco Jueces que conforman el cuerpo (Dres. Pichinini, Apcarián, Ceci, Criado y Barotto), pericias informáticas a cargo de universidades públicas y el secuestro de celulares, líneas telefónicas oficiales y todo dispositivo electrónico donde surjan comunicaciones entre el máximo Tribunal con la empresa de Joseph Lewis y la Fiscalía de Estado.

Como se acreditó ante la Fiscalía, ambos sorteos habrían sido simulados o manipulados a los fines de direccionar el voto de los jueces, imponiendo en primer término para votar a dos jueces recusados por sus evidentes vínculos con el poder político, uno de ellos, el Dr. Ricardo Apcarián, abogado personal del ex gobernador Weretilneck, quien incumplió las sentencias judiciales durante sus dos mandatos al frente del ejecutivo provincial.

Resulta curioso y estadísticamente imposible que dos sorteos, realizados con varios meses de diferencias entre uno y otro, hayan arrojado exactamente los mismos resultados, lo cual abre dudas razonables sobre la posible comisión de delitos de acción pública que, de comprobarse, resultaría de alta gravedad institucional porque dejaría a las claras la vulnerabilidad de los sistemas de sorteos en la cima de la pirámide judicial de Río Negro, ya sea, por su falta de controles y garantías de seguridad. Similar situación ocurrió en el “Caso Nisman” donde se impulsó de oficio una denuncia penal que derivó en un informe de la AGN (Auditoría General de la Nación) por la posible manipulación de sorteos de Jueces en el sistema judicial argentino.

La causa “LAGO ESCONDIDO”, que lleva 18 años de trámite, resulta de alto interés público dado que se debate la GARANTIA CONSTITUCIONAL de acceso seguro a todas las personas a un bien de dominio público – uno de los reservorios de agua dulce de máxima pureza más importante de la Patagonia- encerrado en una propiedad privada perteneciente al empresario británico desde el año 1996, a pesar de encontrarse en área de seguridad de fronteras.

Recientemente el Gobierno Nacional declaró LESIVO AL INTERES NACIONAL la operación de compra del predio que rodea al Lago ubicado en área de SEGURIDAD por su ubicación lindante a la frontera con Chile en la década del 90, ordenando la presentación de la correspondiente acción judicial. La finalidad de la acción de lesividad, es posibilitar que las tierras que rodean a la fuente de agua dulce regresen al patrimonio del Estado.

Por otra parte, recordemos que el empresario británico -a quién a partir de la sentencia del 31 de agosto habrá que SOLICITARLE “PERMISO” PARA LLEGAR AL LAGO ESCONDIDO- tiene orden de detención en Estados Unidos a raíz de una serie de delitos financieros, encontrándose a la fecha, bajo régimen de libertad vigilada sin poder abandonar el territorio de ese país.

Fuente: Prensa Legisladora Electa Magdalena Odarda.