La diputada nacional Silvia Horne condenó “el brutal operativo de desalojo alrededor de 86 familias de vecinos del Barrio 18 de marzo de Salvador Mazza, en la provincia de Salta -que incluyó la perversa demolición de las viviendas allí localizadas y arrojar al fuego las pertenencias- , pone de relieve la necesidad de sancionar en forma urgente una ley que de certezas, tal el proyecto de ‘Régimen de Integración Socio Urbana y Regularización Dominial’ que hoy tiene estado parlamentario en la Cámara de Diputados”.
Horne denunció que “Matías Mora y José Antonio Castro Videla, miembros de la JP Evita y uno de ellos trabajador del ReNaBaP, junto a un adolescente menor de edad, fueron víctimas de una detención irregular en el marco de un desalojo efectivizado bajo amenaza de represión de las personas residentes -muchas de ellas mujeres, niñas, niños y adolescentes- dispuesto por un juez de garantías a través de una orden que no fue exhibida, efectivizada en un día no hábil (feriado por el Día de la Bandera) y cuya notificación adolecía incluso del requisito mínimo de estar fechada”.
La diputada rionegrina sostuvo que “el procedimiento ilegal se llevó a cabo en el Barrio Dieciocho de Marzo en Salvador Maza. El barrio se encuentra relevado por el ReNaBaP y el desalojo se realiza “casualmente” mientras se efectivizaba la entrega a muchas de las familias, habitantes del Barrio, de los CERTIFICADOS DE VIVIENDA FAMILIAR RENABAP.
Horne destacó que los dos dirigentes detenidos “se encontraban en el lugar intentando asistir a las personas afectadas que fueron expulsadas de sus hogares, en el marco de un procedimiento conducido por un fiscal que ni siquiera garantizó las medidas de acompañamiento de las familias dispuestas en la supuesta orden judicial”.
Explicó que “se trata de un asentamiento, que ya tiene tres años, y que fue relevado en el marco del RENABAP. Mora (residente en Buenos Aires) llegó a Salta el lunes, a Tartagal, donde entregó certificados de viviendas familiares (que otorga la ANSeS) y el martes, con Videla Castro, que es de Pichanal, fueron a Salvador Mazza”, lugar de la represión. Según el relato de Mora, “a la media hora de haber comenzado la actividad, apenas habían podido entregar entre 5 y 10 certificados, raramente cayeron las fuerzas de seguridad, intempestivamente y empezaron a plantearles que los iban a desalojar en breve. Dicho y hecho, empezaron a ejercer presión sobre las familias, y a amenazar de que si no desalojaban pacíficamente iba a haber una represión”.
La diputada recordó que “el artículo 48 del decreto nacional N° 358/2017, de fecha 22 de Mayo de 2017, dispuso la entrega de un Certificado de Vivienda a los “Responsables de Vivienda” incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP)”.
La diputada Horne destacó que “el Certificado de Vivienda Familiar es un “documento suficiente” para acreditar la existencia y veracidad del domicilio para diversos fines entre los cuales se encuentra expresamente el de realizar peticiones ante los organismos públicos”.
Sostuvo que “según la normativa aplicable, dichos certificados acreditan el domicilio ante cualquier autoridad pública nacional, provincial, municipal o empresas privadas, incluidas las judiciales; esa sola circunstancia debería impedir todo tipo de desalojos de familias registradas e imponer a las autoridades públicas el cumplimiento de recaudo elementales, tales como verificar en forma previa a decidir un desalojo cautelar, si el inmueble se encuentra alcanzado por el REGISTRO –información que se obtiene de la sola consulta al Boletín Oficial o bien vía web en https://www.argentina.gob.ar/barriospopulares/mapa”.
Finalmente, Horne expresó que “la perversidad que entraña el desalojo de más de 80 familias, mediante una referencia inicial a un relevamiento –y no a un desalojo- y la posterior amenaza de represión violenta -injustificada en tanto no se exhibía la orden judicial respectiva-, la humillación de las jefas y jefes de hogar que vieron destruidos sus hogares ante la mirada de sus hijas e hijos, la falta de respeto a la dignidad de las personas habitantes que el día anterior habían concurrido al juzgado sin que les informara sobre medida alguna, la realización de una medida “cautelar” al día siguiente -en un día feriado-, la falta de fundamento de la demolición inmediata en atención a que se trataba de un “reintegro provisorio” y la falta de diligencia por parte de las autoridades que no verificaron si las personas desalojadas estaban o no comprendidas en el Registro que certificaba la calidad de su posesión”.
Fuente: Servicios Integrales de Comunicación