Según un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupueso universitario de este año es el más bajo desde 1997. Las universidades públicas se declararon en estado de emergencia y convocaron a una marcha con movilizaciones en todo el país para el martes 26 de abril. El Gobierno intentó desactivarla anunciando un acuerdo que no se alcanzó.
Ante la inminente marcha por la universidad pública prevista para el póximo 26 de abril, que avisora ser multitudinaria, el Gobierno anunció ayer la aplicación de un incremento en el presupuesto universitario que solo abarca los gastos de funcionamiento. Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) señaló que es un reconocimiento al ajuste pero que la propuesta es insuficiente, y se mantiene la movilización de la semana próxima.
El problema principal es que el Poder Ejecutivo decidió mantener el presupuesto universitario de 2023 este año. Con una variación inflacionaria interanual de casi el 300%, esto deja a las instituciones de la educación superior en una situación crítica. Algunas, incluso, advierten que podrían tener que cerrar o dejar de funcionar.
Para dimensionar lo crítico de la situación, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) elaboró un informe en base a los presupuestos destinados a la educación superior desde 1997, año a partir del cual se cuenta con datos del programa Desarrollo de la Educación Superior, que explica más del 90% del gasto total de dicho presupuesto. De ese modo, detectaron que, si no hay una ampliación presupuestaria, la financiación universitaria registraría su nivel más bajo desde que se tiene registro.
“Ante la crisis del sector, nos convocaba qué estaba pasando con la universidad en particular y empezamos a comparar el presupuesto con años anteriores, que es lo interesante de este trabajo: ver qué estaba pasando para atrás y cómo en términos históricos nos damos cuenta de que esto es una situación sin precedente; en los 2000, el presupuesto universitario era mayor que en este momento”, dice el economista Natan Spollansky, del programa de Justicia Fiscal de ACIJ.
Según el informe, el presupuesto asignado al Programa Desarrollo de la Educación Superior para este 2024 es un 72% más bajo que el del año anterior. Al respecto, sobre la ampliación presupuestaria del 70% otorgada por el Ejecutivo en marzo de este año, el documento de ACIJ advierte que, para los gastos de funcionamiento de las universidades, esto sólo implicó un aumento del 2% en el gasto vigente, en comparación con el presupuesto inicial.
“Los resultados que obtuvimos son el reflejo de lo que está pasando, se ve claramente en los datos, que en el presupuesto no hay para las universidades pero sí hay para el pago de deuda y la compra de aviones militares”, cuestiona Spollansky. y aclara que, para armar este informe, tomaron información del portal de presupuesto abierto de la Secretaría de Hacienda, para conocer las principales partidas universitarias en todo el período analizado, y en base a eso actualizaron los precios con la inflación.
Incluso, si se considera el anuncio sobre el aumento propuesto ayer, el economista advierte que esta medidad solo está prevista para el funcionamiento universitario y para los hospitales universitarios, que en total representan apenas alrededor del 8% del gasto total del presupuesto universitario. «En términos reales, es un aumento del 40% de funcionamiento y un poquito más del 100% de hospitales, pero todo esto significa que el presupuesto universitario aumentó un 4,1% para este año y que, en comparación con el 2023, está un 71% por debajo”, subraya Spollansky y agrega que, aún con ese incremento, el de este año sigue siendo el presupuesto universitario más bajo de la historia del país, desde la sanción de ley de educación superior, en 1995.
El informe también detectó que la caída interanual en la ejecución presupuestaria universitaria durante el primer trimestre de 2024 fue del 34,4%, cifra que supera, incluso, la caída promedio del gasto público nacional, que alcanzó el 30%, y es la más baja desde 2006: se ha reducido en un 33%, en comparación con el mismo trimestre del año 2023, y es un 45% más bajo, en relación con el nivel alcanzado en 2018, que fue el máximo desde 1997. “Lo que vemos en la ejecución es terrible, este trimestre es el de menor ejecución desde 2006, siendo que la cantidad de estudiantes es un tercio o un poco más que en ese momento”, destaca Spollansky.
De manera similar, en comparación con el 2023, la ejecución presupuestaria del programa de Desarrollo de la Educación Superior se redujo en casi un 33%, lo que afecta “de manera significativa” a todas las actividades que comprende. Por ejemplo, los fondos asignados al pago de salarios registran una disminución del 32% para docentes y autoridades y del 28% para el personal no docente; mientras que el financiamiento destinado al funcionamiento universitario se redujo en más de la mitad, casi un 60%, en comparación con el año anterior; las transferencias a hospitales universitarios experimentan una caída del 72% y el Fondo Universitario para el Desarrollo Regional, al igual que los institutos tecnológicos de formación profesional y el desarrollo de proyectos especiales, no reciben asignación alguna.
2024 es el más bajo de toda la serie: se estima que este año se destinarán aproximadamente 690.000 pesos por persona, lo que representa una reducción del 72% con respecto al año anterior y un 82% menos que en 2013, cuando se alcanzó el máximo nivel de gasto por estudiante. Para llegar a esa cifra, se tiene en cuenta que la cantidad de estudiantes en el sector de gestión estatal aumentó de manera constante desde el año 2000, pasando de 1.138.503 a 2.065.115, en 2021.
“Desde el Programa de Justicia Fiscal de ACIJ, buscamos es empezar a analizar la política fiscal desde un enfoque de derechos, lo que implica que esta no es neutral y por eso es importante controlar en qué y cómo se gasta y cómo se recauda”, subraya Spollansky y advierte que esto también es “importantísimo”, porque “al final es cómo se estructura la sociedad en base a quiénes reciben y gastan o sobre quiénes pesan los impuestos”.
Por Vanina Lombardi
Fuente: Agencia TSS