Una mujer compró un Fiat Mobi Way 0 km y en su primer viaje de media distancia quedó varada en la Ruta 22, cerca de Río Colorado. Como el vehículo estaba en garantía, fue trasladado a la concesionaria, pero durante años no le dieron soluciones ni repararon el auto.
Ante la falta de respuestas, la clienta presentó una demanda en el fuero Civil de Roca, y la Justicia ordenó que el auto sea reparado y que reciba una indemnización de más de 11 millones de pesos por los perjuicios sufridos. El fallo aún no está firme y puede ser apelado.
La jueza condenó a la concesionaria Pire Rayen Automotores S.A. y a la fabricante FCA Automobiles Argentina S.A. por incumplimiento del deber de información y de trato digno. Ambas empresas trasladaron el problema a la usuaria, la dejaron sin respuestas y con un vehículo inutilizable durante años.
La mujer compró el auto en la concesionaria Pire Rayen Automotores de Roca y el 22 de julio de 2018, mientras regresaba por la Ruta Nacional 22, el motor dejó de funcionar repentinamente. No hubo golpes, ruidos extraños ni señales previas de fallas. Al día siguiente, trasladó el auto en grúa hasta la concesionaria, donde le informaron que tenía un problema de arranque y que lo revisarían. Apenas tenía 3.218 kilómetros recorridos y estaba en garantía, por lo que la clienta confió en que la solución llegaría pronto.
Sin embargo, con el paso de los días, la concesionaria cambió su versión de los hechos: primero dijeron que el vehículo estaba “fuera de punto” y que intentaban resolverlo. Luego informaron que el motor hacía un “ruido fuerte” y, al regresar al taller, la usuaria encontró su auto completamente desarmado, con el motor extraído y sin explicaciones claras sobre el diagnóstico o la reparación.
La propietaria envió cartas documento exigiendo que el auto sea reparado en garantía, pero la concesionaria respondió que la falla no estaba cubierta porque, supuestamente, el problema fue causado por combustible en mal estado. La mujer argumentó que siempre cargó combustible en estaciones de servicio oficiales y que nunca tuvo problemas con el rendimiento del motor. La empresa no presentó pruebas ni análisis que justificaran su negativa, lo que la llevó a iniciar acciones legales en abril de 2019.
Durante el juicio, la fabricante FCA Automobiles Argentina S.A. intentó desligarse de la responsabilidad y culpó a la clienta, asegurando que los daños fueron consecuencia del uso de combustible contaminado. Sin embargo, una pericia mecánica desmintió esa versión y confirmó que la falla se debió a problemas en las válvulas de escape y el sistema de distribución.
El informe técnico reveló que las válvulas estaban deformadas y que la tapa de cilindros presentaba daños que impedían el funcionamiento del motor. Además, se comprobó que el combustible retirado del tanque no fue analizado ni custodiado correctamente, lo que descartó su uso como prueba. El perito explicó que, si el problema hubiera sido causado por temperatura extrema debido a combustible en mal estado, las válvulas deberían haber presentado fisuras o deterioros en los pistones, algo que no ocurrió.
La jueza determinó que tanto la concesionaria como la automotriz incumplieron con la garantía y vulneraron los derechos del consumidor, negándole información precisa y transparente sobre la falla. Además, señaló que la empresa utilizó estrategias dilatorias, dejando a la clienta sin asistencia ni soluciones.
La sentencia ordenó que, en un plazo máximo de 10 días, el vehículo sea reparado y entregado en óptimas condiciones. También estableció una indemnización total de 11.326.000 pesos, discriminada en distintos rubros.