Frente a la respuesta del pedido de informes realizado por la Senadora Magdalena Odarda (Partido RIO) a la Dirección Nacional de Registro de Tierras rurales, respecto de la posible adquisición da 28.000 hectáreas en la zona cordillerana de Río Negro por parte del Emir de Qatar, Hamad bin Jalifa Al Thani; y la carencia de autorización por parte de dicha repartición para la referida operación, la Senadora reforzó su pedido de informes, esta vez hacia el Registro de Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro, quien tiene un plazo de 10 días para brindar la respuesta definitiva sobre la veracidad o no de tal adquisición.
En caso de ratificarse dicha información, la Senadora entiende que “se trataría de una operación abiertamente ilegal, en primer lugar por haberse habilitado una operación de compra por parte de un extranjero en zona de seguridad de fronteras, en segundo lugar porque estaría vulnerando la ley 26.737 de extranjerización de tierras, que no permite adquirir más de 1.000 hectáreas a extranjeros en cualquier parte del territorio nacional, y en tercer lugar, porque de ser así se trataría de otro escandaloso acto de cesión de soberanía, sumándose así a los ya ocurridos al habilitarse la instalación de una Base Militar China en Neuquén o al reciente ingreso de tropas estadounidenses bajo supuestos “fines humanitarios”.
La ley 26.737, de extranjerización de tierras, es clara, en cuanto refiere que todos los actos jurídicos que se celebren en violación a lo establecido en la misma serán de nulidad total, absoluta e insanable, sin derecho a reclamo indemnizatorio en beneficio de los autores y partícipes del acto antijurídico. Cuando una persona extranjera va a adquirir una tierra catastrada como “Rural”, debe tramitar por ante la Dirección Nacional de Registro de Tierras Rurales el respectivo “Certificado de Habilitación”, lo que no ha sucedido en manera alguna en el presente caso. El Registro de la Propiedad, al momento de la solicitud de dicha inscripción de la titularidad dominial, debe cumplir con la normativa y si no considera cumplidos los recaudos legales, no procede a su inscripción.
Teniendo en cuenta que una parte de las tierras que habría adquirido el Emir de Qatar se encontrarían ocupadas por comunidades mapuches, se ha denunciado que el jeque árabe habría instalado un servicio de seguridad privada compuesta por la guardia real de su país, frente al hecho de que el gobierno no estaría enviando fuerzas de seguridad a partir de los casos de las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, lo que tornaría en más escandalosa aún a la situación de constatarse que la operación de compra denunciada resulte real.
Fuente: Prensa Senadora Magdalena Odarda Partido RÍO