Tal lo previsto, en el marco del Paro Total de Actividades por 96 horas, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ocupó la sede del Centro Regional Patagonia Norte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). La acción directa tiene lugar desde las primeras horas del día y podría prolongarse más allá de culminada la medida de fuerza nacional.
“Las autoridades nacionales y locales no han estado a la altura de las circunstancias y son cómplices de intentar generar un colapso económico en el organismo. En este momento se consolida un doble estándar de controles que expone a toda la población al contagio de graves enfermedades como el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH). Se controla de manera estricta solo la exportación y se flexibiliza el consumo interno”, alertó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro y advirtió: “Vamos a sostener la ocupación y además profundizaremos las medidas hasta que los trabajadores despedidos sean reintegrados a sus tareas y nos garanticen que los servicios que presta el SENASA no serán privatizados o tercerizados”.
En este sentido, además de demandar la reincorporación de los 130 trabajadores cesanteados entre los que se encuentra el San Antonio Oeste, el Sindicato denuncia el vaciamiento del organismo de parte del Gobierno Nacional. Es que las últimas medidas implementadas exponen a toda la población a un serio riesgo en su salud y afectan el estatus sanitario que logró la región luego de décadas de trabajo.
Los funcionarios han resuelto extremar los controles sobre la exportación y eliminar los mismos para el mercado de consumo interno, exponiendo a la población al contagio de variadas y graves enfermedades. Al respecto se pronunció el Ingeniero Agrónomo y Delegado Sindical Matías Miquelez: “Se van a recortar 1000 puestos de trabajo entre médicos veterinarios y técnicos y, por ejemplo, el Estado no va a controlar las carnes. No se podrá certificar condiciones de higiene, temperatura ni salubridad de productos de consumo masivo como las hamburguesas, con lo que se deja muy expuesta a la población a enfermedades como el SUH que deviene del contacto con bacterias como escherichia coli”.
Desde ATE se denuncia que las autoridades también intentan privatizar los controles que hoy se realizan en los frigoríficos y galpones, transfiriendo de esta manera servicios que son indelegables del Estado. “En lo que corresponde a las barreras zoofitosanitarias con este recorte, pero también desde hace tiempo, estamos totalmente desfinanciados, sin recursos ni materiales básicos. Sin siquiera combustible para hacer patrullaje”, graficó Walter Wertmuller, Delegado Sindical de SENASA Río Colorado y completó: “Apuestan a tercerizar y privatizar estos controles para favorecer a las grandes empresas y los grupos económicos”.
Cabe recordar que se trata de 28 puntos de control zoofitosanitarios esparcidos en toda la Patagonia Norte que realizan tareas tanto en barreras como en aduanas y aeropuerto. Además de ello, SENASA controla todo lo que corresponde con la sanidad y calidad agroalimentaria, estando bajo su supervisión los cuatro grandes frigoríficos de la región que abastecen de carne a la población.
Claramente el Gobierno Nacional pretende el desguace del SENASA y para ello inició un desfinanciamiento que implica un achique presupuestario del 25% en todas las Delegaciones y para todos los programas, cerrando en el país más de 400 oficinas y dejando de pagar servicios esenciales como mantenimiento y limpieza, además de viáticos a los empleados (técnicos y profesionales) que desarrollan tareas de campo.
El achique del Estado sólo favorece al sector privado y golpea de muerte a la producción regional, posibilitando por ejemplo el ingreso masivo de manzanas de Chile, peras de Japón, uvas de Brasil y cerdo de Estados Unidos.
El SENASA, un organismo central para la salud de los argentinos, cuenta con 450 empleados –entre administrativos, técnicos y profesionales- de los cuales el 85 por ciento se encuentra en situación de precariedad laboral. Los despedidos por el Gobierno Nacional poseen entre 10 y 20 años de antigüedad al servicio de la población argentina.
Fuente: Prensa ATE Río Negro·