El Fiscal Guillermo Gonzalez Sacco presentó la prueba que utilizará en el debate oral y público que se sustanciará contra I. G., un abogado a quien considera autor de los delitos de estafa y uso de documentos falsos. En la audiencia de control de acusación, hizo lo propio la Defensora oficial Graciela Carriqueo.
El delito imputado por la Fiscalía fue cometido entre los meses de agosto de 2013 y julio de 2014 cuando el acusado, haciéndose pasar por un asesor de la Secretaría de Hacienda y aludiendo además “tener contacto e influencia con la política rionegrina”, engañó a un representante de diversas asociaciones mutuales.
El damnificado, hoy querellante en el proceso penal, delegó en el imputado la continuidad de trámites relativos a descuentos de haberes de empleados estatales. En ese proceso intervino el hombre considerado partícipe necesario, quien recorrió la provincia gestionando estos supuestos beneficios con los municipios, lo que nunca dio sus frutos.
No obstante, le hicieron creer que existían avances en la gestión y para demostrarlo le enviaron diversas resoluciones, notas y decretos que tenían firma, membrete y sellos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía; así como de convenios entre la Secretaría de la Función Pública con diversas cooperativas y mutuales públicas y privadas. Cada movimiento en el marco de este proceso implicaba, por parte de la víctima, una erogación de dinero en favor del Estudio Jurídico que en total superó los 130.000 pesos.
En el debate, que se realizará ante tres jueces de juicio ya que la pretensión punitiva excede los tres años de prisión, comparecerán como testigos una decena de personas, entre ellas la Secretaria de la Función Pública y funcionarios provinciales de Hacienda y de la Secretaría Legal y Técnica.
Además, a través de los testigos, entre los que se encuentra la víctima de los hechos, se presentará la documentación que según la Ficalía prueba la defraudación.
El otro hombre implicado en el hecho aceptó el viernes un procedimiento abreviado en el que la acusación solicitó la pena de un año y seis meses de prisión condicional. Su representación legal fue ejercida por el Defensor oficial Pedro Vega.
Fuente: Ministerio Publico Fiscal / Viedma