Habiéndose constatado la carencia de autorización ante la Dirección Nacional de Registro de Tierras rurales para la compra de 28.000 hectáreas en la zona cordillerana de Río Negro por parte del Emir de Qatar, Hamad bin Jalifa Al Thani; la Senadora Magdalena Odarda (partido RIO), se encuentra brindando continuidad a su investigación al reforzar su pedido de informes ante dicho Registro en base a la ley la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, al tiempo que formuló las correspondientes preguntas al Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, quien el próximo 24 de octubre de 2018 deberá brindar por escrito y oralmente la respuesta específica a dicho pedido.
Resulta llamativo que cuatro premios Nobel de la Paz, entre ellos nuestro Adolfo Pérez Esquivel, la guatemalteca Rigoberta Menchú, la iraní Shirin Ebadi y el ex presidente polaco Lech Walesa, denunciaran junto a la Fundación para la Democracia Internacional, la existencia de “trabajo esclavo” en la construcción de estadios e infraestructura en el emirato de Al Thani; existiendo la confirmación de más de 2.000 nepalíes muertos en la construcción de los estadios y los centros de convenciones en Qatar.
Frente a este hecho, y teniendo en cuenta que parte de los hechos denunciados en relación con la posible adquisición de 28.000 hectáreas por el Emir de Qatar refieren a que se estaría afectando el territorio de distintas comunidades mapuches, y que el mismo Emir habría instalado un servicio de “seguridad privada” ante la ausencia de fuerzas de seguridad nacionales a partir de las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel; la Senadora Odarda se reunirá con miembros de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro y del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de Río Negro (Codeci) a fin de ratificar tal información y de proceder a realizar la correspondiente denuncia ante la justicia, en caso de confirmarse, en base al incumplimiento del Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada que hoy corresponde a los pueblos indígenas en caso de que alguna decisión legislativa o administrativa pudiera afectarles, derecho regulado expresamente por el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En virtud de la protección de los derechos ya conquistados por los argentinos en general, y por las comunidades indígenas en particular, la Senadora manifestó también su profunda preocupación frente al nuevo proyecto presentado por “Cambiemos” en el Senado de la Nación, destinado a reformar la actual Ley 26.737, de extranjerización de tierras rurales, y a través del cual se pretende abrir la puerta para la realización indiscriminada, y casi sin límite alguno, de operaciones de compra por parte de ciudadanos y empresas extranjeras, de tierras estratégicas que guardan una vital importancia para los argentinos.
Entre otros puntos, el proyecto de reforma propuesto por el Ejecutivo pretende habilitar que un extranjero pueda ser propietario de fracciones muy superiores a las 1.000 hectáreas que marca como tope la actual ley 26.737, para cuando el interesado “posea antecedentes relevantes en esa actividad, no perciba subsidios por parte de un estado extranjero, la inversión prevista mejore la productividad, genere directa o indirectamente empleos; o cuando el proyecto colabore en la “protección del medio ambiente y la biodiversidad” (art. 12), es decir que permite la adquisición, lisa y llana, de grandes cantidades de hectáreas cuando quienes compran sean empresarios con fortunas similares a las de un Joseph Lewis o de un Emir de Qatar.
A su vez, el proyecto del Ejecutivo habilita que los extranjeros puedan ser dueños de inmuebles que contengan, o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, para lo que requiere solo de una simple autorización del Comité Hídrico Federal (COHIFE) y de la Autoridad de Aplicación, lo que se encuentra expresamente prohibido por la actual ley 26.737.
Pero mayor es la preocupación al verificar que el nuevo proyecto pretende también habilitar a extranjeros la adquisición de las tierras más conflictivas, es decir, las ubicadas en “zonas de seguridad de fronteras”, cuando la “Autoridad de Aplicación” así lo disponga en base a que el comprador cuente con capacidad de generar productividad, empleos o el hecho de que defienda la biodiversidad.
Por todo ello, y aun habiendo propuesto alguna reforma de la ley vigente para lograr una mayor optimización de la misma, la Senadora se manifestó en favor de defender la actual ley de extranjerización y de defensa de tierras nacionales 26.737, entendiendo que se trata de una importante herramienta destinada a salvaguardar los recursos estratégicos, turísticos y recreativos de todos los argentinos, quienes verán impedido parte de sus derechos reconocidos en caso de aprobarse esta nueva iniciativa.
Fuente: Prensa Senadora Magdalena Odarda Partido RÍO