Viedma – “El día 3 de Diciembre del corriente año se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 956/2018. La misma modifica el Reglamento General para el empleo de armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. No es un dato menor recordar que son fuerzas que están involucradas en la desaparición y asesinato de dos jóvenes en la Patagonia en lo que va de este Gobierno. Santiago, en Chubut; y Rafael en Río Negro.
A 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, creemos que dicha Resolución es un retroceso para nuestra democracia, contradice al mismo Código Penal de la Nación y coloca a las fuerzas federales de seguridad en una posición de que si actúan acorde al Reglamento modificado por la Ministra Bullrich, están violando una Ley Penal. La obediencia debida no rige. Violar la ley penal y los derechos es un delito por más que la doctrina negacionista y asesina del gobierno de Cambiemos brinde una resolución para matar.
Ya no se trata de si a la Ministra le parece bien que la gente ande armada por la calle (aunque días después demostró que hay ciudadanos de primera que pueden estar armados y ciudadanos de segunda que serán detenidos en caso de hacerlo).
El tema en cuestión, es tan grave como que la Ministra festeje el cierre sin culpables de una causa donde un joven murió a manos de una represión de las fuerzas federales de seguridad.
Es tan grave, como cuando la Ministra dice públicamente que más allá de lo que investigue el Poder Judicial, ella sabe que las fuerzas de seguridad actuaron bien al asesinar por la espalda a otro joven rionegrino.
Estamos hablando de una reglamentación que contradice al Código Penal vigente. Estamos hablando de un Gobierno que en su afán de legalizar el gatillo fácil está incitando a las fuerzas de seguridad a violar la ley penal.
El Gobierno de Macri ha mostrado ya ser muy peligroso y dañino para el pueblo argentino, pero no sólo por sus intenciones y acciones siempre en contra del pueblo y a favor de algunos pocos poderosos sino por su ignorancia de las normas elementales de convivencia que la humanidad definió como universales hace justo 70 años.
Como sucedió con el 2 x1 presentamos proyecto de comunicación en la Legislatura del Pueblo de Río Negro y trabajaremos con las organizaciones sociales y de Derechos Humanos para lograr la derogación de esta medida de impunidad que es claramente inconstitucional.
Fuente: Prensa Legislador Marcelo Mango (FrenteGrande-FpV Río Negro)