Durante 2018, distintas normas o proyectos tratados o a abordar en el ámbito legislativo requirieron la activa participación del Poder Judicial a través de comisiones específicas.
La Reforma Integral de Salud Mental fue una de las más debatidas, y llegó a buen puerto con la sanción de manera unánime. Tras varias reuniones en la búsqueda de consensos, en el último encuentro finalmente se arribó a un texto en común.
Ese encuentro de la Comisión Interporderes fue presidido por la Legisladora Graciela Valdebenito y contó con la presencia de la vocal del STJ, Liliana Piccinini, el Procurador Jorge Crespo, legisladores y representantes del área de Salud. Se trabajó sobre los aportes que el Poder Judicial realizó a la iniciativa de los legisladores Jorge Vallazza y Leandro Lescano. En la reunión, tras el consenso, se reconoció el trabajo de la ex Defensora General, Rita Custet.
Se analizó cada uno de los artículos del proyecto, consensuando las sugerencias de Salud. Entre los acuerdos más trascendentes se destacó la decisión de ubicar el Órgano de Revisión en el ámbito de la Defensoría del Pueblo.
Procedimiento Penal Juvenil
Otro tema que se debatió – en este caso en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Legislatura- es el proyecto de ley de Procedimiento Penal Juvenil que refleja más de dos años de análisis consensuado con los principales operadores judiciales en la materia.
Se trata de un proyecto para definir las particularidades que debe respetar todo proceso penal cuando las personas imputadas sean menores de edad. En este punto, cabe mencionar que las facultades provinciales se limitan a cuestiones de procedimiento, es decir, a regular cómo se desarrolla en el ámbito judicial la investigación, juzgamiento, sanción y/o tratamiento socioeducativo ante delitos cometidos por menores de 18 años.
Es competencia nacional, en cambio, la definición de la edad mínima de punibilidad (actualmente establecida en 16 años) y de las escalas penales aplicables en estos casos, entre otros aspectos, por lo que el proyecto elevado por el STJ no contiene -ni puede legalmente contener- consideraciones de ese tipo.
“El proyecto comenzó a gestarse luego de realizadas las Jornadas Internacionales sobre Sistema Penal Juvenil y Derechos Humanos, desarrolladas en Bariloche en febrero de 2015”, explicó oportunamente el STJ en su nota de remisión a la Comisión Legislativa. Allí se precisa que la propuesta refleja los aportes de la Defensoría General de la provincia y la Fiscalía General, y la revisión de los cinco jueces y juezas del Superior Tribunal rionegrino. Además, se señala la inclusión de los aportes brindados por UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).
Código de Procedimiento de Familia
El año pasado también se terminó la iniciativa, que fue elevada al STJ para su remisión a la Legislatura, del Código de Procedimiento de Familia de la Provincia de Río Negro.
Luego de un trabajo de más de un año, titulares de los juzgados de familia de toda la provincia, integrantes de Cámaras Civiles, de Secretarías y representantes de los Colegios de Abogados de Río Negro lograron consensuar un anteproyecto.
La iniciativa se trató en el marco de un proyecto de la unidad de Planificación Estratégica respectiva y que encabezó la jueza del STJ, Liliana Piccinini. En el último encuentro se debatieron en Viedma cada uno de los más de 200 artículos de la iniciativa.
Fuente: Dirección de Comunicación Judicial – Poder Judicial de Río