Ante un nuevo avance, en paralelo a la licitación y privatización de bandas del espectro electromagnético que estaban por ley otorgadas la empresa ARSAT, deseo expresar mi rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de alquilar el satélite europeo Astra-1H para evitar que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) nos quite los derechos de uso de la posición orbital 81º Oeste en banda Ka, que permite brindar servicios de internet de banda ancha.
Un escenario similar se planteó durante el primer gobierno de Néstor Kirchner y, sin embargo, esa situación impulsó a nuestro Estado Nacional a comenzar y planificar una política de estado dando origen a la empresa Arsat en abril de 2006 para hacerse cargo del área satélital.
A partir de esa decisión estratégica en Ciencia y Tecnología, que involucró al fortalecimiento de recursos humanos formados en el país a través de instituciones como la CONAE, INVAP, CONEA y servicios de varias Universidades Nacionales, comenzó la construcción de Arsat-1, lanzado al espacio en septiembre de 2014. Mientras se terminaba Arsat-1 se inició el Arsat-2, que fue puesto en órbita en septiembre de 2015.
En la banda contratada a SES a fines del año pasado, debía operar a partir de este año el satélite Arsat-3. No obstante, como su construcción fue suspendida por el gobierno actual a comienzos de 2016 en contra de lo establecido por ley en el plan de desarrollo Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035, este año se decidió alquilar un viejo satélite que ya superó su vida útil con el único objetivo de notificarle a la UIT que la banda está ocupada y así evitar su pérdida.
Esta maniobra le costara al Estado Nacional la cantidad 7 millones de euros, que se pagarán en cuotas a lo largo de este año sin ningún valor agregado tecnológico. Volvemos alertar sobre el deterioro y el impacto negativo que tiene la aplicación de este tipo de decisiones, que buscan el vaciamiento de ARSAT. Hablamos, nada menos, que de vulnerar una de las empresas impulsora del desarrollo tecnológico argentino, para convertirla en una mera administradora de los grandes intereses multinacionales del sector afectando una vez más el patrimonio del Estado y la posibilidad de soberanía en un área clave.
Fuente: Prensa Senadora Nacional Silvina García Larraburu