La Diputada Nacional María Emilia Soria participó hoy del plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde se debatió el proyecto de ley de Ética Pública propuesto por el Gobierno nacional.Asistieron al encuentro la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso; y el secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete, Fernando Sánchez.
En su carácter de Vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María Emilia Soria interpeló a la titular de la Oficina Anticorrupción, planteando que “Para hablar en forma sensata de una proyecto de Ética Pública, primero deberíamos discutir el paupérrimo rol de Laura Alonso como titular del organismo encargado de la lucha contra la corrupción. Es prioritario contar con un organismo verdaderamente independiente”.
En el mismo sentido, Soria agregó que “La independencia se logra con una designación democrática y apartidaria de los titulares de la Oficina Anticorrupción y dotando a la legislación de herramientas eficaces y severas ante el incumplimiento de sus postulados. Nada de esto se vislumbra en el proyecto oficialista. Las sanciones por incumplimiento son laxas y propone q la autoridad de aplicación sea designada por la máxima autoridad de cada poder. Siguen sin resolver el problema de la autonomía del encargado de hacer cumplir la ley”.
En relación al proyecto en discusión, la diputada rionegrina planteó que “No alcanza como sanción un “repudio ético” o la “formulación recomendaciones de comportamiento”. No alcanza un proyecto en el que el Poder Ejecutivo de turno sea el encargado de controlarse a sí mismo. Queremos una Oficina Anticorrupción transparente y autónoma. Que los funcionarios públicos no puedan tener cuentas o participación en sociedades off shore, q tengan su patrimonio en el país, q informen sus relaciones patrimoniales y vinculaciones en conflicto de interés”.
Soria recordó, entre otros funcionarios, los casos de Mauricio Macri, Iguacel, Aranguren, Nicolás Caputo, Claudio Avruj, Díaz Gilligan, Dujovne, Santiago Baulisi, Miguel Ángel Gutiérrez, Luis Caputo, Arribas y Cuccioli, que tienen participaciones en sociedades off shore, pero que sin embargo el proyecto del Poder Ejecutivo ni siquiera exige explícitamente que se declaren. “Nos hemos aburrido de escuchar que “constituir una sociedad en un paraíso fiscal no es un delito en sí mismo” pero tampoco hemos visto de su parte investigaciones para determinar si ello fue vehículo para blanquear activos, o evadir impuestos”, inquirió Soria a la titular de la Oficina Anticorrupción.
Finalmente, Soria citó los casos de lo ex ministro de Finanzas y el Banco Central, Luis Caputo, el ex Ministro de Energía, Juan José Aranguren, entre otros, de quienes ningunas de sus maniobras delictuales fueron denunciadas por la Oficina Anticorrupción con la legislación vigente, y evaluó que tampoco se percibe como van a ser consideradas ese tipo de situaciones en el proyecto de ley en cuestión.
Caputo y Aranguren, dos ex emblemáticos
El Ex ministro de Finanzas y el Banco Central, Luis Caputo, omitió en sus Declaraciones Juradas de ser dueño de la compañía offshore Noctua Partners, realizó sospechosas maniobras en la adquisición de Lebac emitidas por el Banco Central de la República Argentina, con recursos pertenecientes al Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses, con la intermediación del Fondo de Inversión FCI Axis Ahorro Plus, persona jurídica que tenía fuerte vínculos con el; Su esposa Ximena Ruiz Hanglin compró dólar futuro y él fue parte del equipo económico que tomó la decisión de devaluar la moneda en más de un 40%, procurándole a su mujer una extraordinaria ganancia, para finalizar, Caputo ideó una ruinosa operación para los intereses del Estado, del fisco y del Pueblo Argentino de hoy, y de las futuras generaciones, tomando 2.750 millones de dólares de deuda a 100 años de plazo, parte de esa deuda fue adquirida por Noctua Asset Managment LLC, radicado en Delaware, fundado por el ministro de Finanzas, Luis Caputo en 2009.
Por su parte, el ex Ministro de Energía, Juan José Aranguren, también omitió informar en sus Declaraciones Juradas que mientras se desempeñaba como ejecutivo de Shell, integró los directorios de al menos dos sociedades offshore: Shell Western Supply and Trading Ltd y Sol Antilles y Guianas Limited. Shell Western Supply and Trading Ltd ganó 2 licitaciones por 13 cargamentos de gasoil, —y facturó unos 240 millones de dólares— una vez que el Ministro asumió la cartera de energía. Además El ex CEO de Shell poseía 16 millones de pesos en acciones de la filial argentina de la firma angloholandesa. Y, sin embargo, la recomendación de Laura Alonso fue “delegar la firma hacia abajo o a los costados”. Luego, la misma titular de la Oficina Anticorrupción sostuvo que la situación no era ilegal, pero que el Ministro tenía el “deber ético” de desprenderse de esos activos.
Dos de tantos casos sin respuestas en la aplicación de la legislación vigente y que tampoco resolvería el proyecto del Poder Ejecutivo.
Fuente: Prensa María Emilia Soria Diputada Nacional