El desarrollo de capacidades tecnológicas implica una concepción de generación de poder social que va más allá de la mera búsqueda de rentabilidad económica. Cuáles son las ventajas de llevar adelante proyectos complejos como la fabricación de satélites y cómo la visión de corto plazo hizo primar el modelo de país exportador de bienes primarios. La falacia del desarrollo no tecnológico.
El 18 de abril de 2018, desde la provincia de Tucumán, el presidente Mauricio Macri, junto con el gobernador local, Juan Manzur, celebraron la primer exportación de limones tucumanos a Estados Unidos luego de 17 años. Junto con el reinicio de las exportaciones de una cuota limitada de carne, aquella venta parece haber sido el único éxito diplomático del realineamiento carnal con Washington de la política exterior de la alianza Cambiemos (PRO-UCR-CC).
En febrero de este año, el presidente Macri volvió a festejar como una gran conquista de su viaje por India y Vietnam los acuerdos para que la Argentina comience a venderle a la primera limones, huevos y productos derivados; y a la segunda, naranjas, pomelos, mandarinas y, otra vez, limones.
Aunque en India Macri mencionó las posibilidades que brinda la cooperación en materia nuclear, que ya había sido concretada previamente a través de la venta realizada por la empresa estatal rionegrina INVAP de una planta de producción del radioisótipo Molibdeno-99 para aplicaciones médicas, no puede negarse que la concepción estratégica del presidente argentino pasa por ser “el supermercado del mundo”, según manifestara apenas asumió el cargo, versión aggiornada al retail contemporáneo, de ser “el granero del mundo”.
En mayo de 2016, cuando se iniciaban las protestas de becarios e investigadores por los recortes en el CONICET y en el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT), un funcionario de esa cartera durante la presidencia de Cristina Fernández, ante una pregunta sobre las razones para desarrollar los satélites de comunicaciones ARSAT, explicaba que el modelo industrial de los Kirchner, con el cual él acordaba, precisaba la obtención de dólares a fin de sostener el funcionamiento del circuito productivo. Ante ello, disponer de satélites de telecomunicaciones que ahorraran la compra de estos servicios en el extranjero, e incluso permitieran exportar sus capacidades, contribuía a acumular divisas. Por el contrario, el Gobierno actual tenía un enfoque de la obtención de esas divisas a partir del endeudamiento externo y la exportación de commodities, por lo que no precisaba desarrollos como el ARSAT.
Aunque, coyunturalmente, el razonamiento del ex funcionario no era falso, en el largo plazo y como comprensión de las implicancias que tiene para un país el desarrollo tecnológico, era muy limitado. Algo similar aconteció recientemente cuando los medios más críticos al Gobierno sacaron a relucir que haber suspendido el ARSAT-3 le costaría al país siete millones de euros en el alquiler de un satélite extranjero para ocupar la posición orbital que debió usar el nacional.
Los dos últimos casos citados, aunque correctos en sus afirmaciones puntuales, dejan entrever una concepción contable y de corto plazo de las políticas públicas y el desarrollo, tributaria de la cosmovisión neoliberal, aunque la sostengan personas que se consideran en las antípodas de ese pensamiento.
Lo que cuesta un satélite
El ARSAT-3 iba a ser, como sus dos “hermanos” previos, un satélite de telecomunicaciones geoestacionario con una tecnología mejor y más económica que la de sus predecesores. Su fabricación, a cargo de INVAP, fue abortada durante 2016 por el entonces presidente de ARSAT, Rodrigo de Loredo, yerno de Oscar Aguad, en ese momento ministro de Comunicaciones de la Nación.
El ARSAT-3 era el hito tecnológico que se requería para comenzar a tener una oferta exportable de este tipo de satélites. Su suspensión fue equivalente a lo que hubiera ocurrido si en la década de 1970 se cortaba la línea de desarrollo de reactores nucleares de investigación y producción de radioisótopos. Si eso hubiera pasado, nunca se habrían concretado las exportaciones posteriores a Egipto, Argelia, Australia y Holanda.
El argumento de la pérdida de los siete millones de euros, como indicativo del daño causado por el aborto del ARSAT-3, no capta la magnitud del problema, aún analizándolo desde el punto de vista estrictamente contable. El cálculo que hay que hacer es sobre la totalidad del negocio mundial de los satélites de telecomunicaciones al que la Argentina podría acceder. Según un informe de 2017 elaborado por la consultora estadounidense Bryce para la Asociación de la Industria Satelital (SIA, por sus siglas en inglés), la industria manufacturera de satélites a nivel mundial tuvo ingresos por 15.500 millones de dólares, de los cuales el 18% (2.750 millones de dólares) correspondieron a satélites de telecomunicaciones comerciales.
Pero eso es sólo una parte de la torta: si uno posee satélites propios de este tipo puede brindar servicios como televisión, banda ancha, telefonía y radio, cuyo mercado, en el año 2017, movió 126.500 millones de dólares. Además, está el negocio de los equipos de tierra (U$D 119.800 millones) y el de los lanzamientos y puesta en órbita de satélites comerciales (U$D 4.600 millones). Entre 2016 y 2017, la fabricación de satélites tuvo un crecimiento del 10%.
Los beneficios que trae aparejados el dominio de tecnologías complejas como la satelital ni siquiera se agota en el volumen total de negocios que permiten. Su razón de ser última es el poder que le brinda a las sociedades.
¿A qué llamamos poder?
Desde la antigüedad más remota, los humanos han empleado su inteligencia y esfuerzo para intentar desentrañar y dominar los secretos del mundo a fin de asegurarse la existencia. El conocimiento de los ciclos de las cosechas, del mecanismo de las enfermedades, de los modos de dotarse de abrigo o de las formas de hacer la guerra, han sido preocupaciones constantes que, una vez dominadas, han permitido saltos cualitativos y cuantitativos en la vida de las personas.
Uno de los roles fundamentales del Estado es la organización de los esfuerzos colectivos para prevenir y enfrentar los efectos indeseables de la naturaleza o de las propias dinámicas humanas, potenciando los positivos. El poder, en este sentido, es básicamente la capacidad para controlar segmentos cada vez más grandes de las variables que configuran el propio destino, sea en términos individuales como colectivos. La tecnología, como empleo sistemático de los conocimientos científicos para satisfacer necesidades humanas concretas, es una herramienta fundamental en la construcción de ese poder.
El componente económico de esa tecnología es un derivado del poder que ella provee, no un fin en sí mismo. Tener “mucha plata” es perfectamente compatible con la impotencia. A veces, las situaciones extremas sirven para clarificar algunas cuestiones. Los países árabes poseen mucho dinero pero no han desarrollado tecnologías propias. Si llegasen a enemistarse con una potencia de primer orden, como Estados Unidos, ésta podría eliminarlos en cuestión de minutos (con un ataque nuclear), pero la situación inversa no es probable. Incluso, siendo un país dependiente del combustible producido por las petromonarquías, a una potencia tecnológica de primer orden le bastaría asegurarse una provisión de algunas semanas de dicho insumo para apoderarse de todas las reservas de su enemigo. El problema no se resuelve con comprar las mejores armas que el dinero pueda obtener, como pensaba Saddam Hussein, porque no es lo mismo el poder del consumidor que el del productor.
Entonces, ¿por qué invertir en tecnología? La respuesta a la pregunta ya viene perfilada por lo expresado anteriormente. Se desarrolla tecnología para construir poder social, no sólo para facturar más. Esto para nada implica despreciar los beneficios económicos de los avances tecnológicos. La rentabilidad de un logro técnico es fundamental para la sustentabilidad del sistema que lo hizo posible y un requisito para la tan mentada redistribución de la riqueza social, pero el fin último es el desarrollo humano integral. En la medida en que se construye poder social, se obtienen mayores niveles de autonomía para las decisiones que deben enfrentarse, incluidas las económicas.
Por supuesto que en el mundo tecnológico contemporáneo no se puede hacer todo ya que no habría recursos que alcanzaran para ello. Esta realidad se verifica incluso en los países más grandes y avanzados. No obstante, y como bien lo recordaba Jorge Sábato, para poder elegir qué se va a hacer y qué se comprará se necesita una mínima capacidad tecnológica que haga de la opción una verdadera elección y no una fatalidad.
La falacia del desarrollo no tecnológico
La concepción estrechamente contable del neoliberalismo no sirve ni siquiera para preservar las riquezas que dice promover. La idea de que se puede ser desarrollado sin inversión en capacidades tecnológicas propias ha vuelto a resurgir en la propuesta de que la Argentina debe vivir de aquello en lo que es naturalmente eficiente. Las ventajas comparativas del país pasarían por la producción de ciertos bienes que brinda la naturaleza: los agropecuarios, algo de minería y quizás energías renovables y algunos servicios. El problema es que la competitividad de un país la hace el esfuerzo y el ingenio de su gente (también sus virtudes morales, tema de otra reflexión) y, si esto falta, la naturaleza no puede suplir la carencia, como ya ocurrió en los años de vigencia del modelo agroexportador argentino (1880-1930).
El economista Enrique Arceo, en su libro, Argentina en la periferia próspera (UNQUI-FLACSO-IDEP, 2003), explica cómo el agotamiento del modelo agroexportador comenzó en los albores del siglo XX a causa del aumento de productividad que experimentaron otros países productores de los mismos bienes, principalmente Estados Unidos, por la incorporación intensiva de tecnología en el campo. Desde la segunda década del siglo pasado, los avances de la mecánica, la química y la genética empezaron a tener un impacto directo en la producción agrícola de los países desarrollados dedicados a estas actividades. Semillas modificadas, fertilizantes sintéticos, plaguicidas y pesticidas, y maquinaria de labranza fueron los cuatro elementos clave de la revolución agrícola que explotó luego de la Segunda Guerra Mundial. La Argentina carecía de políticas tecnológicas para proveerse de estas herramientas y el contexto de ambas guerras mundiales, sumado a la propia reconversión productiva de los países de donde provenían estos elementos, hicieron que ni siquiera estuvieran disponibles para su importación.
La oligarquía nacional que había diseñado el país a partir de 1880 había renunciado explícitamente a todo atisbo de autonomía tecnológica, incluso en lo atinente al pilar de su propio sistema de acumulación económica.
Como señala Arceo, paradójicamente para un país dependiente de la renta agraria, el Ministerio de Agricultura sólo tenía asignado el 5% del presupuesto nacional y carecía de un sistema de investigación y desarrollo capaz de responder a los problemas de la productividad agrícola. En 1923, el Gobierno nacional inició un proyecto de investigación sobre maíces híbridos pero al poco tiempo se suspendió por falta de fondos. En Estados Unidos, los primeros maíces hibridados fueron comercializados en 1921 por una estación experimental del gobierno federal y, para cuando llegaron a la Argentina, entre 1938 y 1939, ya el 15% de la superficie de cultivo norteamericana dedicada al maíz era plantada con híbridos cuya productividad era muy superior a la variante natural. El resultado se plasmaría en los rindes que uno y otro país comenzaron a obtener en sus cosechas, no sólo de maíz. En el período 1934-1938, la Argentina tenía un rendimiento en este último cereal un 29,3% superior al de Estados Unidos, mientras que entre 1946-1950 este país alcanzará un rendimiento un 31% mayor al argentino, y en 1956-1960 sería un 78% superior. Con el trigo ocurriría algo similar: en el período 1934-1938 la Argentina poseía un rendimiento un 12,6% mayor al estadounidense, pero en 1946-1950 el país del norte alcanzó a la nación sudamericana y en 1956-1960 ya la aventajaba en un 24%.
Extravíos
La Argentina del centenario había abdicado de construir poder real siguiendo la falacia de la rentabilidad inmediata sin desarrollo propio. El resultado fue que, cuando llegó el momento, ni siquiera contó con los elementos para poder defender las “ventajas naturales” en las que pretendía sustentar su modo de vida. Una lección hoy más vigente que entonces y que se invisibiliza cuando no se reflexiona adecuadamente por dónde pasa el poder de una sociedad y cómo se construye.
Las consecuencias políticas de este extravío afloran por todos lados. Actualmente, Rodrigo de Loredo es precandidato a intendente de la Ciudad de Córdoba por la Unión Cívica Radical en el espacio que lidera el hoy jefe municipal, Ramón Mestre (hijo). Los sondeos indican que tiene buenas chances de ganar los comicios que se celebrarán en mayo de este año. Si lograse ser electo se daría la sorprendente situación que uno de los máximos responsables del desguace de una de las más prometedoras industrias nacionales sería premiado con la conducción de una de las ciudades más importantes de la Argentina.
Por Carlos de la Vega
Fuente: Agencia TSS –