La diputada nacional María Emilia Soria presentó un proyecto de Ley para incorporar dentro del esquema de la Defensoría del Pueblo un área específica para los inquilinos, y a su vez crear una Oficina Nacional de acciones concretas con participación de los sectores involucrados.
La iniciativa fue impulsada por la Unión de Inquilinos de Río Negro y la Federación Nacional de Inquilinos, con el objetivo de poner en agenda el problema habitacional que existe en función de los alquileres de viviendas.
La regulación del vínculo entre inquilinos y locatarios es mínima. Ante la falta de controles y grandes excesos en esta relación contractual donde hay una parte débil y otra parte poderosa, es el Estado quien debe intervenir, a fin de equiparar las fuerzas y que los inquilinos puedan alquilar de manera justa.
Los datos estadísticos en la provincia de Río Negro son preocupantes: el 21% de las familias alquila, el 40,5% del salario se destina al alquiler, el 97% cree que no se realizan controles sobre las inmobiliarias, y el 87% está preocupado por los precios y aumentos. Los inquilinos afrontan aumentos en los contratos que van del 35% al 65%, servicios cada vez más caros, combustibles en alza, alimentos y ropa cada vez más caros, lo que hace insostenible para cualquier familia vivir dignamente.
El año pasado, la Ley Nacional de Alquileres que también apuntaba a resguardar a los inquilinos frente a los excesos a los que muchas veces son sometidos, contaba con media sanción del Senado pero finalmente no obtuvo aprobación definitiva dejando sin respuesta a millones de inquilinos en todo el país.
El área de Inquilinos dentro de la Defensoría del Pueblo tendrá entre sus funciones prestar asesoramiento legal; promover la participación del Estado en la protección de los derechos del inquilino; ofrecer una instancia de conciliación; recibir denuncias; crear y organizar un registro de inquilinos y propietarios de inmuebles que deberá ser actualizado anualmente.
Complementariamente, la Oficina Nacional de los Derechos de los Inquilinos podrá -a partir de datos arrojados por el registro de inquilinos y las necesidades insatisfechas de los inquilinos- elaborar proyectos de ley para ser presentados por el Defensor del Pueblo ante del Congreso de la Nación, así como diseñar e implementar campañas de difusión sobre los derechos de los inquilinos y las herramientas que brinda la ley.
El constante aumento de los precios de los alquileres y la creciente demanda de requisitos para acceder a este servicio, entre otros impedimentos, condicionan el acceso a la tierra y a la vivienda, ya que la mayoría de los inquilinos no alquila porque quiere, sino porque lo necesita. Es por ello que el Estado no puede desentenderse de esta realidad y debe dar respuestas urgentes.
Fuente: diputada nacional María Emilia Soria