El municipio de Bariloche piensa extender por 38 años la licitación de Cerro Catedral a la empresa Catedral Alta Patagonia S.A. (CAPSA) miembro del grupo Vía Bariloche. Esta cesión se da de manera anticipada al vencimiento de la concesión vigente, la cual tiene todavía 8 años por delante. Todo ello sin licitación ni estudio de impacto ambiental.
Vía Bariloche quiere hacer en el predio una urbanización, obra infraestructural que está prohibida por la Carta Orgánica de la ciudad. La licitación de la obra quedaría en manos de una empresa vinculada al Ministro de Finanzas, Luis Caputo (otra vez, su primo hermano, Nicolás Caputo).
Los Trappa –dueños de Vía Bariloche- además de tener el oligopolio de transporte de personas más grande del país (y el monopolio absoluto de las rutas interurbanas de Río Negro, cesión que le dio el actual gobernador, Alberto Weretilneck), tiene en puerta un negocio aéreo lowcost, acordado directamente con el Presidente Mauricio Macri.
La familia ya había planteado en 2016 una renovación contractual alegando haber cumplido las inversiones del contrato inicial y ofreciendo una extensión de sus operaciones; las inversiones prometidas eran la contracara de 50 años de concesión, 110 hectáreas y la posibilidad de hacer loteos para viviendas y hoteles de lujo. El proyecto fue descartado luego de una fuerte presión social que se organizó para evitarlo.
Hoy vuelven a la carga con una contraoferta de 38 años y 70 hectáreas, pero mantienen las construcciones que están contra la normativa vigente, ofreciendo a cambio licitar con la constructora de Nicolás Caputo.
Amén del estrepitoso y evidente negociado, la obra representa un daño ambiental inminente, asegura Tomás Guevara, compañero del Movimiento Evita e investigador del CONICET por la Universidad Nacional de Río Negro.
Las asambleas vuelven a la calle. No sólo rechazan el proyecto por su ilegalidad e impacto ambiental: es que la sociedad barilochense está cansada de que manos foráneas inviertan millones en los cerros, traigan turismo vip, y se lleven miles de millones sin dejar nada en la Ciudad, que vive una situación infraestructural y deficitaria sin precedentes.
En ese marco, la diputada nacional Silvia Horne se pregunta si no debiera investigarse el porqué de tanto apuro, sobre todo cuando funcionarios de tan alto rango, como el gobernador Weretilneck y el presidente Mauricio Macri, se involucraron personalmente.
Fuente: Prensa Diputada Horne