El azote de la pandemia del Covid-19 ha grabado a fuego en todo el mundo, en todas las sociedades, en cada ser humano, la convicción de que existirá un antes y un después del coronavirus. En todo sentido. Reformularemos nuestras muestras de cariño y afecto al retacear besos y abrazos. Deberemos adaptarnos a una nueva lógica de reuniones y asistencia a eventos masivos. Evaluaremos seguramente algunos aspectos muy interesantes que nos ha legado la modalidad “home office” para mantenerlos vigentes cuando todos retomemos la actividad laboral. Y cientos de aspectos más que irán marcando una nueva realidad a la que deberemos adaptarnos.
Pero ha quedado demostrado que muchos conceptos que hasta hoy parecían indiscutibles y que son inherentes al plano de las políticas sanitaria, educativa y socioeconómica deberán reescribirse. No solamente en nuestro país. “Pandemia”. Hago referencia al mundo entero.
La crisis económica desatada es muy profunda y se proyectan consecuencias equiparables a las que el planeta vivió a partir del crack de 1929. Pérdidas brutales de puestos de trabajo y niveles de pobreza escalofriantes. Y a partir de este escenario, queda claro que habrá que repensar todo de nuevo. Y “todo” quiere decir que no existirán intereses intocables o velos que no se puedan correr. Los gobiernos tendrán que planificar la salida de la pandemia. Y para esto deberán desempeñar un papel más activo en materia económica, reconvertir el esquema productivo, potenciar los mercados laborales y combatir su volatilidad. Vienen tiempos de Estados más sólidos y presentes, con la toma de conciencia de que los servicios públicos son inversiones y no gastos. Pero fundamentalmente sosteniendo la decisión de intervenir sobre la redistribución de la riqueza.
Todos los países –algunos más y otros en menor medida- están destinados a reformular sus modelos impositivos y sus programas de inversión. Los principales referentes económico-financieros del mundo afirman que en este esquema de redistribución que los Estados deben implementar de manera categórica para enfrentar una crisis sin precedentes, los impuestos sobre la renta y sobre la riqueza deben estar presentes. El mismísimo FMI publicó un informe elaborado por el Departamento de Asuntos Fiscales en el cual recomienda aumentar las tasas más altas del impuesto a las ganancias y bienes personales, lo que podría lograrse con un “recargo solidario” (que el Fondo Monetario Internacional incorpore la palabra solidaridad en sus manifestaciones públicas institucionales habla de la gravedad de la crisis que enfrenta el planeta).
En este momento hay cinco países en Europa que debaten la aplicación de este tributo: un impuesto extraordinario a las grandes fortunas con el fin de financiar la situación desatada a partir del coronavirus (España, Rusia, Italia, Suiza y Alemania). En América Latina, Perú, Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador y Argentina avanzan con propuestas similares. Un caso interesante es lo que ocurrió en EEUU durante la precampaña presidencial en 2019. Bernie Sanders propuso un Impuesto a la Riqueza Extrema. Pero su derrota en las primarias ha aniquilado esta idea.
Concretamente en nuestro país, el Frente de Todos impulsa un impuesto a las grandes fortunas. La recaudación potencial sería superior a los 3 mil millones de dólares aportados por aproximadamente 12 mil contribuyentes, sin contabilizar patrimonios empresariales. El esquema está pensado a partir de una dinámica progresiva, razón por la que se plantea dividir a los contribuyentes en tramos. Un porcentaje a definir deberán pagar los que tienen un patrimonio de entre 3 y 5 millones de dólares; otros –en una segunda franja- que se aplicaría a quienes tienen entre 5 y 10 millones de dólares: una tercera franja que abarca a quienes tienen entre 10 y 50 millones de dólares; otra los que tienen entre 50 y 100 millones de dólares y una última, para los que tienen entre 100 millones de dólares o más.
El impuesto es por única vez y los eventuales aportantes constituyen solamente el 1,1% del total de los contribuyentes al Impuesto a los Bienes Personales. Estamos hablando del 0,08% de la población económicamente activa en el país que mide regularmente el INDEC. Este impuesto –vale recordarlo- podría generar un ingreso de más de 3 mil millones de dólares. Nunca se pensó esta iniciativa para ser aplicada sobre la clase media, las pequeñas empresas o los ahorros de las familias. Sucede que en Argentina hay un universo muy chico de personas que tienen patrimonios muy grandes. Tenemos que comprender que –en el contexto del Covid-19) existe una necesidad gigante de conseguir recursos y este proyecto estaría indicando adonde están esos recursos sin que nadie vea afectada significativamente su condición de vida o nivel de acumulación de riqueza. La idea es que se pueda brindar alivio, sostén, contención y ayuda a la otra punta de la pirámide social, que son los que peor la pasan, los más marginados, los postergados de siempre y los que sufren carencias que por momento parecen infinitas.
La pandemia ocasionada por el virus y los estragos sanitarios y socioeconómicos que ha causado ha llevado a evaluar muy concretamente la aplicación de un impuesto a las grandes riquezas a aquellos que –sobre todo en los últimos cuatro años- recibieron un subsidio tributario del Estado, dejando de pagar impuestos directos y progresivos. De esta manera se fueron apropiando de una porción extra del ingreso nacional en contraposición de la mayoría que fue perdiendo participación.
El objetivo es ir paulatinamente hacia un sistema tributario que registre una mejora progresiva que nos acerque a los estándares de países más desarrollados que recaudan –en proporción al Producto Bruto Interno- hasta 4 veces más que la Argentina por impuestos a la riqueza. El principio de progresividad en el sistema tributario implica un tratamiento diferenciado entre distintos niveles de capacidades contributivas. Hoy en día, la mayor parte de la recaudación se nutre de impuestos regresivos que gravan con la misma alícuota a contribuyentes de alta y baja capacidad económica. Pensar en un impuesto a las grandes fortunas significa orientar políticas de protección a los más humildes y al empleo.
Economistas y expertos coinciden en que la estructura impositiva es progresiva cuando la carga tributaria recae en mayor proporción sobre los sectores más pudientes. Asimismo, el gasto público es progresivo también cuando la mayoría de las erogaciones presupuestarias benefician a los estratos socioeconómicos más postergados. Esto sería lo ideal. Pero si se logra un efecto muy progresivo a través del gasto público pero se produce un efecto muy regresivo en la acción de los impuestos sobre el mismo grupo de familias, la redistribución del presupuesto público se anula. Es decir, si se llega a los sectores más postergados con obras y beneficios, pero se los ahoga con el aumento de impuestos, la redistribución y la progresividad sólo serán un espejismo.
Se han escuchado voces de referentes políticos del neoliberalismo recalcitrante oponerse definitivamente a este proyecto del impuesto a las grandes riquezas porque “este tipo de iniciativas agrandan la grieta”. Sin embargo, varios sondeos de opinión (por poner un ejemplo, el de la consultora Analogías) desmienten esa afirmación. Las mediciones dicen que el 82% de los consultados se mostró de acuerdo en la aplicación de este impuesto a los grandes patrimonios. Como vemos, aquí no hay grieta social. La inmensa mayoría de la sociedad coincide, está de acuerdo, apoya una iniciativa como esta.
Resulta interesante saber que la agrupación “Convergencia Empresarial” comunicó que “los proyectos de crear nuevos impuestos al patrimonio y a las ganancias de las empresas es un antecedente sumamente negativo para recrear el clima de inversión”. Esta afirmación se repite, una y otra vez, con la amplificación servil de los medios subordinados a estos grandes poderes económicos. Se recicla como una amenaza y a veces quienes se sienten perjudicados se animan a más. Tal fue el caso de Paolo Rocca, dueño de la empresa Techint, que frente al anuncio del inicio de la cuarentena desvinculó a más de 1400 trabajadores por causas de “fuerza mayor”. El presidente Alberto Fernández le manifestó públicamente a Rocca por aquellos días “Tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo, hermano. Esta vez colaborá”. Y aquí es donde surge la pregunta: ¿Es justo o no que, en estas circunstancias, las grandes fortunas hagan un esfuerzo adicional por única vez?
Tengamos en cuenta esto: en un país como el nuestro, en el que existe una matriz tributaria que redistribuye inversamente los ingresos, desde los asalariados y los sectores populares hacia los que están en la cima de la pirámide, favorece la concentración y acumulación de riqueza en manos de sectores de “alta propensión a la fuga”, que dolarizan y envían la riqueza producida en el país al exterior, fuera del circuito productivo nacional. Para ser claros: la plata que se fuga ni se invierte ni favorece el desarrollo productivo. Los activos de sociedades no financieras y hogares argentinos en el exterior –al 31 de diciembre de 2019- sumaban 335.622 millones de dólares (103.000 millones más que en 2015). Además, los argentinos más ricos mantienen el 78% de su riqueza declarada fuera de la Argentina. Y esto, sin considerar que –según estimaciones de economistas y expertos en finanzas- las dos terceras partes de la riqueza en el exterior no están declaradas en el país. En Argentina existen 106 familias que tienen fortunas de 100 millones de dólares o más cada una. Concentran casi el 10 por ciento de la riqueza total del país. Estos 106 hogares suman activos por 28.450 millones de dólares. Y 8 de cada 10 dólares están en el exterior, declarados o no (Los datos surgen de un informe de The Boston ConsultingGroup (BCG), una consultora internacional especializada en estrategia de negocios, que suele medir la riqueza global y su distribución. Es la primera vez en una década que el reporte incluye datos del país, basados en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos).
El planeta entero está en crisis. Y con él nuestro país, nuestra sociedad. Por muchos factores, pero todo ellos agravados por las impensadas y devastadoras consecuencias del coronavirus. Los especialistas presagian que cuando termine la cuarentena saldrán mejor parados los países que tengan la capacidad de pensar en el después. Las estrategias que debemos fijarnos como sociedad tienen que girar alrededor de la noción de justicia social, aspecto que toma un papel preponderante. En el mundo, los países que empezaron a tomar decisiones vinculadas a redistribuir los ingresos para atenuar la desigualdad, se vieron obligados a impulsar un impuesto a la riqueza que proporcione recursos para cuidar a la población más vulnerable. Esto es cambiar el enfoque y entender desde otro plano la función social de los impuestos. En Argentina los pobres pagan proporcionalmente más que los ricos. Y ahora es el momento de alterar esta ecuación. Aunque los guardianes del liberalismo envenenen su discurso y lo repliquen con obsesiva insistencia, la realidad debe imponerse: 2 de cada 5 argentinos están en la marginalidad. No hay pretexto para no avanzar hacia una República más justa y equitativa. El gran problema no es la presión tributaria –que es la denuncia permanente- sino sobre quiénes recaen los impuestos y de qué manera lo hacen.
El impuesto a las grandes fortunas no afectará a la clase media, ni a las pymes ni al sector productivo. Se trata de un tributo que -en medio de la crisis derivada de la pandemia generada por el coronavirus- tendrá una tasa de entre el 2 y el 3 por ciento según el proyecto que se debatirá próximamente, y que se cobrará por única vez a unas 12 mil personas que tienen capitales declarados por un valor de 3 millones de dólares o más. Se trata de un tributo progresivo, por lo que se trabaja en la división de estos grandes contribuyentes en varios tramos y se espera recaudar algo más de 3 mil millones de dólares. El objetivo de esta iniciativa es aumentar la recaudación de fondos que serán volcados a un refuerzo de las partidas presupuestarias para afrontar las inversiones que demanda la lucha contra el Covid-19: adquisición de productos vinculados a la crisis sanitaria, fortalecimiento de la cobertura alimentaria de personas con bajos ingresos, asistencia a las pymes más castigadas por la crisis a fin de sostener el empleo, etc.
En definitiva, llegó el momento de que cada uno se pregunte qué podemos hacer nosotros por Argentina y no seguir insistiendo con aquello de “¿qué es lo que puede hacer Argentina por mí?”. Es la oportunidad de colaborar, de ser solidarios, de hacer un esfuerzo y ganar un poco menos. Una oportunidad para los que más tienen, los que se han visto beneficiados de alguna u otra forma para incrementar sus riquezas, los que han amasado fortunas y las han fugado del país sin declararlas, los que siempre en las crisis salen favorecidos en detrimento de millones que se mudan -sin darse cuenta siquiera- al lugar que en la escala social les ofrece la pobreza.
Llegó el momento de que los que se ubican en la cima de la pirámide se involucren definitivamente en esta crisis. Porque si bien es una premisa sanitaria repetida hasta el cansancio y de cumplimiento obligatorio, no alcanza con hacer lo que han hecho desde hace mucho tiempo: lavarse las manos.
Fuente: Prensa Legislador Facundo Montecino Odarda. FdT – Partido RIO