La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, que preside el neuquino Darío Martínez, recibirá hoy a representantes de la empresa Alcalis de la Patagonia y del gremio de Industrias Químicas, al intendente de San Antonio Oeste, Luis Ojeda, y a la presidenta del bloque de concejales del Frente para la Victoria, Ayelén Spósito. La delegación rionegrina permanecerá hasta el jueves en Buenos Aires, cuando serán recibidos en la Comisión de Industria, que preside el diputado Ignacio de Mendiguren.
La semana pasada la multisectorial de San Antonio Oeste se reunió en el municipio con las diputadas nacionales Silvia Horne y María Emilia Soria y de ahí surgió la propuesta de nacionalizar el conflicto ante la situación extrema que vive la empresa frente al aumento del 40% en la tarifa de gas, que en su caso ya fue aplicado desde el 1 de abril.
Silvia Horne explicó que “ALPAT es una empresa emplazada en San Antonio Oeste que viene produciendo con excelente calidad, con buen mercado, con una rentabilidad importante, carbonato de sodio, es la única en la Argentina, tiene 450 trabajadores directos de San Antonio, Valcheta y toda la región atlántica y genera unos 250 empleos indirectos y tiene mercados propios, produce insumos para muchas industrias, entre ellas la del vidrio”.
El impacto que puede tener en la comunidad de San Antonio Oeste el cierre de una empresa de la magnitud de ALPAT encendió las luces de alerta de todos los sectores de la vida económica y política.
Señaló que este año la producción cayó de 21 mil toneladas a 14 mil toneladas como consecuencia de que se levantaron los aranceles de importación. “Está ingresando ahora la producción china, a precios más bajos a manera de dumping, hasta que la producción local cierre y vuelvan a nivelar los precios de mercado”, afirmó.
Horne afirmó también que con el aumento del 40% en las tarifas de gas “se produce un cuello de botella porque ellos están pagando semanalmente 9 millones de pesos de gas, el 40% de aumento aplicado a la boleta mensual da un total de tres masas salariales mensuales, es imposible para cualquier industria sostener esto”.
La diputada dijo también que “la empresa ALPAT pide también que la empresa Camuzzi Gas del Sur no les cobre el gas anticipado, porque ellos están financiando un mes a la empresa”.
Finalmente anticipó que realizarán una denuncia penal en contra del ministro de Energía Juan José Aranguren porque de manera inconstitucional aplicó el aumento en la tarifa de gas a partir del 1 de abril, cuando en realidad regía a partir del 1 de mayo.
Fuente Noticias Univercitarias