Hace dos años y medio el Congreso de la Nación dio sanción a la Ley 27.350, que regula el uso de Cannabis Medicinal. Con la norma, parecía abrirse una ventana de esperanza para miles de pacientes que, aquejados por diversas enfermedades, esperaban acceder a esta medicina de forma legal.
Entre las patologías específicas que padecen los pacientes que utilizan el cannabis podemos encontrar: encefalopatías epilépticas, cáncer, dolor crónico no oncológico, VIH/SIDA, esclerosis múltiple, parkinson, alzheimer y demencia, lesión medular, ELA, enfermedad inflamatoria intestinal, glaucoma y estrés postraumático, entre otras.
Se logró sancionar esta Ley gracias al reclamo y movilización de los pacientes y familiares que militaron para poder contar con una herramienta legal que habilite la utilización terapéutica brindada por esta planta medicinal.
Sin embargo, desde la sanción el tiempo ha sido avaro con las expectativas. La reglamentación tardía y mezquina muestra una triste realidad. Con la sanción de la norma, esperábamos que se deje de criminalizar a aquellas personas que están cultivando por el derecho a la salud.
No basta con que el Ejecutivo haya reglamentado la utilización del producto, es necesario que tome la delantera y apoye la investigación de los organismos que ya vienen trabajando con la temática e instrumente herramientas para habilitar el autocultivo, dado que los pacientes aún transitan su dolor con desaliento y recurriendo al cultivo clandestino o a la económicamente inalcanzable importación.
A fin de superar esa inacción y también derribar la mirada punitiva sobre el uso terapéutico, en el Senado hemos propiciado el proyecto S-511/19 de registración del autocultivo. Es una iniciativa que pretende afrontar la realidad de una manera propositiva, que abandone la persecución y, en todo caso, dedique ese celo punitivo a la amplísima difusión y consumo de, por ejemplo, el paco asesino.
Día a día se amplían los usos medicinales del Cannabis y sin embargo también se alejan las posibilidades de acceder a él. Nuestra iniciativa no tiene costos para el presupuesto, ni puede ser obstaculizada con invocación del déficit ni de la crisis reinante. Por lo demás, en definitiva, persigue remediar uno de los efectos de esa situación: una mejor salud con menor costo.
Fuente: Silvina García Larraburu Senadora Nacional