La deuda ilegítima que contrajo el gobierno de Mauricio Macri es una amenaza permanente a nuestra soberanía económica; y su pago -aún con el refinanciamiento efectuado- implica destinar al FMI los recursos que el país necesita para incrementar la capacidad productiva; y mejorar la calidad de vida de la población. Por este motivo, estamos ante un proyecto de equidad distributiva que plantea ir a buscar los recursos entres quienes tienen activos no declarados, fuera del país. Es decir; a quienes enriqueciendose en la Argentina, evadieron y fugaron el dinero.
Hay más de 400 mil millones de dólares de argentinos, argentinas y fundamentalmente empresas en el exterior y/o fuera del sistema financiero: Un PBI entero. Somos el tercer país con mayor cantidad de beneficiarios por estas operaciones. Por este motivo, estamos ante un proyecto de Ley que discute los problemas estructurales del país: La deuda, porque creamos un fondo para cancelar la espada de Damocles que nos dejó Macri. Y la evasión y la fuga; porque somos un país que genera riqueza, gracias al esfuerzo del conjunto de la sociedad, pero unos cuantos vivos usan todo tipo de artimañas para sacarla del país; en lugar de invertirla y generar más valor agregado y empleo.
Tenemos que hacer de esta Ley una causa popular. Porque implica un enorme acto de equidad distributiva; porque lo socialmente justo es que el pueblo no pague una deuda que no contrajo; y porque empodera a las instituciones de nuestra democracia, frente a los poderes fácticos.
Fuente: Prensa Silvina García Larraburu