Septiembre es el mes del estudiante y la primavera, época en que en diferentes lugares del país se lleva a cabo la “Feria del Libro”, un evento que se replica en muchos municipios, cada vez con más atractivos a lo largo de todo el país.
En comparación de algo tan concreto como la lectura, pensar en una política de Estado que la promueva parece hoy casi una utopía. Sin embargo, con aciertos y desaciertos, durante muchos años así se hizo, pero de verdad, no como una mera cáscara marketinera. Generar un pensamiento crítico, hacer culto de la memoria y del espíritu patriótico es una clara política educativa que este gobierno ha destruido con fría y antinacional determinación. La depreciación salarial es otro de los factores que llevan a minar la educación pública con el claro objetivo de orientarla hacia lo privado, para que el sector poblacional que no tenga otra alternativa que “caer en la educación pública” – es decir cada vez mayor parte de la población – se convierta en una masa ignorante, manipulable y potencial mano de obra barata.
El lugar que el gobierno de Mauricio Macri le otorga a la Educación Pública en el proyecto de Presupuesto 2019 es realmente desolador. En su escala de prioridades, vemos que el pago de los intereses de la deuda representa tres veces el presupuesto de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
En un año en que los argentinos padecimos una inflación del 41%, estipular un aumento del 3.4% para el Fondo Incentivo Docente es una autentica ridiculez.
En la década del 90, cuando el FMI también jugaba fuerte en Argentina, se deicidio transferir la Educación a las provincias pero – tal como ocurre hoy con el Transporte – sin traspasar también los recursos financieros necesarios. Como consecuencia de la defensa de la Educación Pública, después de mucho peregrinar y con carpa blanca de por medio, se logró la creación del Fondo de Incentivo Docente, que básicamente consiste en que el Gobierno Nacional “se haga cargo” de aquella pésima decisión histórica y que financie parte de las remuneraciones de nuestros docentes.
Por ello, la reducción en el Fondo de Incentivo Docente es la frutilla de la torta del ajuste en Educación, al que hay que sumarle la unificación de los Ministerios, la paralización en la construcción de jardines de infantes y el recorte en la Universidades Públicas.
En este punto, los patagónicos tenemos otro emblema del ajuste reflejado en la Universidad Nacional del Comahue. Por tercer año consecutivo, se materializó la discriminación económica a esta Universidad en comparación al resto de las casas de estudios del país. Es importante recordar que las Universidades calculan su Presupuesto Optimo en función a distintas variables. La del Comahue en particular, tiene el distintivo de ser una Universidad con gran dispersión geográfica con sedes en Neuquén, General Roca, Villa Regina, Bariloche y Viedma.
El Presupuesto solicitado en función a estas variables fue de $ 3.694.000.000. Pero a través del Proyecto de Ley de Presupuesto, se le asignaron $ 2.541.929.820. Es decir que para poder funcionar normalmente, le faltarán más de $ 1.152.070.180.
Mientras soportamos las consecuencias de una inflación del 41%, considerar el magro incremento promedio de 29,75% para todas las Universidades Nacionales, ya es lapidario. Pero si tenemos en cuenta que para el caso del Comahue ese aumento es de tan sólo el 22,86%, se evidencia claramente la deliberada discriminación hacia nuestra histórica Universidad regional. Si quisiéramos “ranquear” a las Universidades en función a su incremento presupuestario, la del Comahue ocuparía el puesto Nº56 de un total de 58 Universidades. Con esa foto, sobran las palabras.
En materia educativa, el proyecto de Presupuesto 2019 deja en claro que una vez más se posterga la generación de conocimiento como motor de desarrollo de nuestra Nación. Por eso, a menos que en su modificación se contemplen los intereses del pueblo – algo que difícilmente ocurra – me opondré a su aprobación en el Congreso.
María Emilia Soria Diputada nacional FPV-PJ por Río Negro