Nacional – La Diputada Nacional María Emilia Soria presentó hoy junto a otros legisladores, una denuncia en la Oficina Anticorrupción para que se investigue la presunta incompatibilidad en el cargo del Licenciado Guido Martín Sandleris, recientemente designado como Presidente del Banco Central de la República Argentina, mediante el Decreto 856/2018.
Así mismo solicitó que se investigue los posibles ilícitos que surjan de sus declaraciones juradas, o por la falta de presentación de las mismas, contra la administración pública nacional.
“Los paladines de la transparencia no superan ni la más sencilla revisión de normas de ética. Tienen un serio problema de mostrador, ellos siempre quieren estar de ambos lados”, señaló la diputada rionegrina refiriéndose a los funcionarios del gobierno de Cambiemos.
En este sentido, la denuncia presentada hace hincapié en el hecho de que mientras la Carta Orgánica del BCRA establece entre sus incompatibilidades para desempeñarse como miembros del directorio a “Los accionistas, o los que formen parte de la dirección, administración, sindicatura o presten servicios en el sistema financiero al momento de su designación”; Sandleris manifestó en su Declaración Jurada del año 2016 que posee acciones del Banco Francés y del Grupo Financiero Galicia por la suma total de $753.227,9.
La incompatibilidad en el cargo genera un conflicto de intereses peligroso cuando se trata de funcionarios de altas esferas. La Presidencia del Banco Central, en particular, presume el manejo de información privilegiada que puede hacer ganar o perder mucho dinero a los bancos del cual Sandleris es accionista, lo que puede conllevar a delitos de naturaleza aún más grave como las negociaciones incompatibles con el ejercicio del cargo, la utilización de información reservada con fines de lucro, o bien una violación de los deberes de los funcionarios públicos.
Además, dado que la Declaración Jurada por el periodo 2017 de Sandleris no se encuentra disponible de consulta en la página web del organismo, también se le solicitó a la Oficina Anticorrupción que investigue tal omisión que el Código Penal reprime con inhabilitación especial perpetua.
“Esperamos que la Oficina Anticorrupción cumpla con su deber de investigar la posible comisión de estos delitos y faltas administrativas que irónicamente recaen sobre los autoproclamados defensores de la transparencia”, concluyó Soria.
La presentación fue realizada junto a los diputados Darío Martínez, Leopoldo Moreau, Guillermo Carmona y la diputada Verónica Mercado.
Fuente: Prensa Diputada Nacional María Emilia Soria
