A primera hora de hoy el Ministerio Público Fiscal presentó la acusación en contra de una abogada -ex funcionaria municipal- imputada por los delitos de estelionato, estafas y uso de documentos públicos falsos en calidad de coautora. En primer momento de la audiencia, el Juez de Juicio interviniente se expresó en referencia al pedido de sobreseimiento de la acusada y la pretensión de acceder al instituto de suspensión de juicio a prueba. Ambos pedidos fueron rechazados.
El Ministerio Público Fiscal describió los tres hechos que son objeto de la acusación. El primero de ellos es aquel llevado a cabo en coautoría con un hombre – ya condenado a seis años y medio de prisión por hechos similares- que habría ocurrido entre noviembre de 2019 y marzo de 2022. En esa ocasión debían entregar ambos documentos a fines de escriturar un inmueble, en cambio habría engañado y despojado patrimonialmente a una pareja, por la venta de un lote ubicado en el Barrio Entre Cerros.
En tanto que el segundo podría ubicarse entre el mes de febrero de 2020 -cuando se inicia el contacto- y el 19 de junio de 2020 -fecha del acta de tenencia precaria entregada a la víctima-, en el estudio de la abogada-. En dichas circunstancias la funcionaria intentó engañar a la víctima mediante una puesta en escena tendiente a obtener un beneficio patrimonial ilegítimo, maniobra que finalmente no logró concretar por circunstancias ajenas a su voluntad.
La maniobra puntualmente consistió en hacerse pasar por abogada del I.P.P.V. y bajo ésta calidad simulada, contactó a la víctima, le manifestó que tenía la posibilidad de acceder a carpetas pre-adjudicadas de éste Instituto y con ello una vivienda a futuro. Ello, a cambio de un pago (que no llegó a concretarse) y para lo cual le entregó copia de un acta de tenencia precaria a su nombre. Este documento contaba con las firmas de la interventora del IPPV -Inés Pérez Raventos- y el subsecretario Adrian Otero, lo cual posteriormente se constató que sería apócrifa.
Por último se le atribuye un tercer hecho ocurrido en el mismo período y con una modalidad similar. En este caso les dijo que había casas que no habían sido adjudicadas y ella las estaba ofreciendo a familias que la necesitaban, convenciéndolas de ese modo que el negocio era legítimo. Les requirió documentación personal que sería presentada ante I.P.P.V., y que apenas llegara la carpeta, ella los iba a contactar y que recién ahí efectuarían el pago. Pago que efectivamente realizaron.
Las víctimas, a través de los medios, tomaron conocimiento de la detención e imputación del otro coautor, entendiendo que todo se trató de un engaño, y con posterioridad, se reunieron con la mujer, quien les ofreció devolverles el dinero en dólares, solicitandoles que no avancen en ninguna denuncia penal.
La fiscalía en referencia a la evidencia detalló a una serie de testigos que serán convocados a la audiencia de juicio. Sumado a ello documentales, informes, especialistas, profesionales, entre otros.
En tanto la defensa particular ofreció su nómina de testigos para que brinden declaración en el marco del debate, atento a sus intereses procesales.
El Juez de Juicio interviniente admitió el hecho, la calificación y la prueba. Solicitó se declare la apertura del juicio por los delitos antes mencionados.Además requirió a la Oficina Judicial que fije la fecha para la realización del mismo, ante un tribunal colegiado, dado el monto de pena pretendido, superior a tres años. Durante tres días declararán alrededor de veintidós testigos.
Ministerio Publico Fiscal / Bariloche