Representantes de organizaciones sociales y ambientalistas fueron agredidos e impedidos de participar en una audiencia pública convocada por el Municipio de Sierra Chica, en Río Negro, para analizar los estudios de impacto ambiental del proyecto de construcción de un oleoducto y una terminal petrolera para Vaca Muerta. Rechazan la iniciativa, que vulnera acuerdos internacionales sobre conservación de zonas de gran biodiversidad.
Vecinos de la costa del Golfo San Matías y Península de Valdés, junto a representantes de más de una decena de organizaciones sociales, ambientales, profesionales y académicas, calificaron de “fraude” a la audiencia pública convocada por el Municipio de Sierra Grande, en Río Negro, para este 17 de agosto. Allí se debían analizar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de construcción de un oleoducto y una terminal petrolera para Vaca Muerta Sur, presentado por YPF.
Las organizaciones cuestionan irregularidades, no solo en la información presentada, sino también en la convocatoria, que solo era presencial (en una jurisdicción de 200.000 kilómetros cuadrados) y que, entre otras cosas, estaba restringida exclusivamente a personas con residencia en Río Negro, a pesar de que el megaproyecto también puede afectar a otras provincias, como Neuquén y Chubut. Además, denunciaron que no pudieron participar, pese a que algunos de los manifestantes estaban inscriptos para ingresar al recinto, ya que fueron agredidos y amenazados por representantes de UOCRA.
“La convocatoria no permite la participación de vecinos de otras provincias, como Neuquén, que son parte interesada y afectada de forma directa por estas obras, así como la intervención de especialistas que no residan en Río Negro”, advierte Cristian Fernández, coordinador del área de Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y detalla que esto resulta violatoria del Artículo 7 del Acuerdo de Escazú -ratificado la por Ley Nacional 27.566, en 2020-, que dispone que para la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales se deberá implementar una modalidad abierta e inclusiva, sobre la base de los marcos normativos internos e internacionales.
El proyecto del oleoducto y la terminal petrolera Vaca Muerta Sur pretende unir a la localidad de Añelo, en Neuquén, con Punta Colorada, en el Golfo San Matías, en Río Negro, mediante un caño de más de 600 kilómetros de extensión por el cual se prevé el transporte de 360 mil barriles diarios de petróleo. De ese modo, se busca aumentar en 2,5 veces la capacidad de transporte de hidrocarburos desde la Cuenca Neuquina. Además, para multiplicar las posibilidades de exportación, el proyecto prevé la instalación de dos monoboyas para conformar lo que consideran que podría ser el puerto petrolero más grande del país, que quedaría ubicado en el Golfo San Matías, 8 kilómetros al sur del Parque Nacional Islote Lobos y a igual distancia al norte del Área Natural Protegida Puerto Lobos.
Se considera que esos tres golfos conforman una biorregión llamada Golfos Norpatagónicos, que puede ser considerada una unidad ecológica independiente por su configuración y gran biodiversidad. El mapa indica las rutas migratorias de pingüinos de Magallanes, utilizando el Golfo San Matías, desde abril de 2023. Fuente: Global Penguin Society Gentileza: Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia.
“Todavía no terminamos de leer el estudio de impacto ambiental pero es parcial, no es una evaluación estratégica, sino que analiza por tramos el oleoducto”, afirma la bióloga Mirta Carbajal, presidenta de la Fundación Inalafquen, y advierte que el estudio presentado, de más de 4250 páginas, tiene partes en inglés y solo se enfoca en los impactos puntuales sobre el área de posible afectación portuaria, desconociendo que existe una fuerte conectividad entre esta y los golfos San José y Nuevo, que forman parte de la Península Valdés, un área protegida a nivel provincial e internacional por la Convención de Ramsar y por Unesco en su carácter de Sitio de Patrimonio Mundial.
Se considera que esos tres golfos conforman una biorregión llamada Golfos Norpatagónicos, que puede ser considerada una unidad ecológica independiente por su configuración, que limita el intercambio con aguas exteriores y le confiere características distintivas de su entorno. “Esta biorregión se destaca por su gran biodiversidad, en la que se incluyen diferentes especies de aves y mamíferos marinos que se alimentan y reproducen en los golfos, como la ballena franca austral, el elefante marino del sur, el lobo marino de un pelo sudamericano, el pingüino de Magallanes, cormoranes, orcas, delfín común, delfín oscuro, aves playeras, especies de condrictios, y hasta una especie de caballito de mar, identificada como especie vulnerable a nivel internacional”, agrega Andrea Michelson, que es bióloga y forma parte del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, y advierte que las poblaciones de ballena franca austral se están recuperando, luego de que se suspendiera su caza comercial, hace algunas décadas.
La ballena franca austral es una especie protegida, considerada monumento natural nacional, cuya autoridad de aplicación es la Administración de Parques Nacionales. “En este momento, en el Golfo San Matías hay una presencia más permanente de estas ballenas, que usan este espacio para su reproducción y socialización, lo que ha generado que la comunidad de San Matías y de Bahía San Antonio establezcan actividades de avistaje de ballenas, lo que genera ingreso y empleo local”, subraya Michelson.
Por otro lado, “el oleoducto cruza el Río Negro, que es la fuente de agua dulce para muchas poblaciones, y después está el puerto, que es un puerto con dos monoboyas al estilo de los puertos de Caleta Córdova o los que están al sur de Comodoro, lo que implica que los barcos sean muy grandes y se agarren a la monoboya sin entrar a puerto, lo que dificulta la deteccción de cualquier accidente, porque solo se puede ver cuando ya pasó”, advierte Carvajal. Y agrega que, entre los principales riesgos que representa el proyecto, no solo existe la posibilidad de derrames y micro derrames de hidrocarburos, sino también el aumento del ruido y del tráfico marítimo, lo que incrementa la probabilidad de que las embarcaciones colisionen con ballenas y otros cetáceos.
“Esta biorregión se destaca por su gran biodiversidad, en la que se incluyen diferentes especies de aves y mamíferos marinos que se alimentan y reproducen en los golfos, como la ballena franca austral, el elefante marino del sur, el lobo marino de un pelo sudamericano, el pingüino de Magallanes, cormoranes, orcas, delfín común, delfín oscuro, aves playeras, especies de condrictios, y hasta una especie de caballito de mar, identificada como especie vulnerable a nivel internacional”, dice la bióloga Andrea Michelson. Foto: Reinhard Jahn, Manheim (adaptación)
“A eso se suman las pérdidas crónicas, de difícil detección, que van a tener una incidencia en un golfo que ha tenido siempre el orgullo de decir que los mariscos y la merluza que se pescaban acá, por ejemplo, son de mayor calidad porque está libre de petróleo, de hidrocarburos y sus derivados. Eso se va a perder, y por un proyecto que tiene una proyección de entre 15 y 20 años”, lamenta Carbajal. Y destaca que se trata de una problemática de ordenamiento territorial, que debería proteger las actividades que actualmente se desarrollan en esa zona, como el turismo y la pesca de calidad, derivando la actividad petrolera a otros lugares en los que ya se está desarrollando. “Es una lógica que funciona en conservación, ya que todas las actividades generan impactos, pero tratemos de que esos impactos sean los menos posibles y dejemos lugares que no sean atravesados por una actividad que ya se está desarrollando en otros lados”, afirma la especialista.
“Otra vulneración importante al acuerdo de Escazú es la falta de análisis de los impactos acumulativos: en esta audiencia pública se presentaron los tres estudios de impacto ambiental -de los dos tramos del oleoducto yla terminal prevista para que los buques puedan tomar petróleo-, pero no están analizados cómo se acumulan los impactos de cada uno; es una táctica muy habitual de las empresas, si se fragmenta el análisis de riesgos ambientales, también se fragmentan los impactos”, dice Fernández, y afirma que la postura de FARN no es solo que se analicen los impactos acumulativos, sino que también haya una evaluación ambiental estratégica sobre las políticas públicas a largo plazo, vinculadas a Vaca Muerta y otros proyectos off shore, que estén en armonía con los grandes compromisos internacionales, como el Acuerdo de París o el Convenio de Protección de la Diversidad Biológica.
Ley exprés para trasladar petróleo
Hasta agosto de 2022, la Ley Provincial 3308 protegía las costas del Golfo San Matías, hasta la Península de Valdes, por las características ecológicas, oceanográficas, naturales y socioeconómicas de esa biorregión, prohibiendo el desarrollo de toda actividad hidrocarburífera en sus aguas. Dicha normativa regía desde 1999 y contaba con el apoyo de la ciudadanía, pero el 9 de septiembre del año pasado fue modificada por la Legislatura rionegrina con la sanción de la Ley Provincial 5594, que la deja sin efecto y levanta la prohibición de instalación de gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados.
“La votaron en 15 días en la Legislatura de Río Negro, que es unicameral y trabaja por doble voto”, cuestiona Carbajal, y afirma que la medida también significa un retroceso en los niveles de protección ambiental alcanzados, lo que vulnera el principio de no regresión previsto por el Acuerdo de Escazú. Por eso, diversas organizaciones sociales de distintas partes del país presentaron una acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que no se pronunció ya que alegó falta de legitimación activa por parte de los actores para iniciar el reclamo. Actualmente, el caso fue elevado, vía recurso de queja, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, adonde ingresó a principios de este mes.
“Si la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera que fue incorrecta la decisión del Tribunal provincial, implicaría la nulidad y derogación de la ley 5594, con lo cual no podría avanzar ninguna de las obras que se están proyectando. La audiencia de ayer quedaría sin efecto, porque en realidad todo el camino que se recorrió fue a partir de una ley que estaba viciada de inconstitucionalidad”, explica Fernández.
Tras la audiencia, el próximo paso es lo que se denomina declaración de impacto ambiental, una etapa en la que se formula un informe detallado sobre quienes hablaron a favor, en contra o quienes hicieron preguntas durante ese evento. “En FARN tenemos una experta en política climática, que si bien no se le permitió participar en la audiencia porque no es de Río Negro, sí pudo enviar consultas a un espacio de preguntas que se abrió con ese fin”, ejemplifica Fernández, y adelanta que, de todos modos, junto a las distintas organizaciones involucradas están evaluando la posibilidad de realizar algún tipo de presentación legal para cuestionar las irregularidades de la audiencia.
Por Vanina Lombardi
Fuente: Agencia TSS