En un proceso de desaceleración económica, próximos a una recesión, con la consecuente caída en el mercado interno y la disparada del dólar, las pymes en nuestro país comienzan a vivir una situación de endeudamiento para poder subsistir en este escenario adverso. El otro dato alarmante son los embargos y procesos judiciales que se llevan a cabo desde la AFIP.
La persecución y hostigamiento contra las empresas que hoy se encuentran en una situación vulnerable dada la coyuntura económica antes descriptas, reciben en muchos casos embargos sobre sus cuentas corrientes dejándolas inmóviles e inoperantes, agravando aún más su desempeño operativo y su insolvencia fiscal.
Un dato no menor es el doble rol que ejercen los abogados del ente recaudador, como ya lo ha denunciado la CAME, en donde advierte que por un lado ejercen su labor de asesoramiento legal dentro del organismo tributario y también como impulsores de los juicios contra empresas para el cobro de honorarios
Los fruticultores de las provincias de Río Negro y Neuquén no escapan a esta suerte. Al proceso de endeudamiento generado con AFIP en los últimos años de rentabilidad negativa se le suman los créditos tomados en el 2017 para realizar las labores de poda y por el plan sanitario, dejándolos en una situación financiera muy vulnerable. Además la devaluación se produjo cuando la fruta ya fue comercializada –sin poder obtener los beneficios generados por esta medida- y cercana a la comprar de agroquímicos para la próxima temporada que ya inflacionaron por la suba en el valor del dólar.
Fuente: Prensa Senadora Magdalena Odarda Partido RIO