La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) cuestionó la decisión del juez civil de Cipolletti Diego di Virgilio de no permitir la explotación de la planta de Embotelladora Comahue por parte de los trabajadores de la Cooperativa Interlagos porque supuestamente les falta la firma de dos ex trabajadores de la empresa para completar el número clave de 56 trabajadores, alcanzado los dos tercios que plantea la ley.
La central gremial, en un comunicado que firman las/os dirigentes Haydée Bustos y Juan Paiallef, afirmó que “una artimania judicial no puede interferir en un proceso de recuperación de la empresa que cuenta con la legitimidad y el apoyo de amplios sectores de la sociedad cipoleña y rionegrina” para que la empresa quebrada continúe en producción en manos de sus trabajadores. La CTEP exige a la Justicia rionegrina “garantizar y preservar las fuentes de trabajo, en un momento tan crítico para la Argentina” y convocó “a la sociedad rionegrina y a sus dirigentes gremiales, políticos y sociales a expresarse en favor de los trabajadores de Interlagos que tienen como único propósito volver a poner en funcionamiento la planta embotelladora”.
El fallo judicial, que por un lado reconoce a la cooperativa como acreedor principal de la quiebra, pero por otro que no permite que ponga en operación la planta industrial, sorprendió a los integrantes de la cooperativa, que aseguran haber presentado el mínimo de 56 integrantes exigido por la legislación vigente y que desconocen si alguno de los firmantes había desistido de formar parte del proyecto. El presidente de la Cooperativa Interlagos, Pablo Leguizamón, señaló que no fue notificado del fallo, que tenía la certeza de su existencia porque lo verificaron vía web y que apelarán la medida.
Fuente: Servicios Integrales de Comunicación