Presentar como una panacea, una situación claramente desventajosa para el país o para un sector vulnerable, es un método recurrente e instalado del Poder Ejecutivo.
La reparación histórica de los jubilados, que constituyó una gran frustración y un considerable perjuicio para la clase pasiva, fue presentada como un acto de justicia histórica que, simultáneamente opacaba la oscuridad constitutiva del blanqueo que integraba la misma ley. La reforma previsional, a su vez, fue mostrada como otro acto de equidad previsional, que en realidad significó una perdida concreta para los jubilados. Con la pretendida reforma laboral ocurría algo parecido, pero por suerte el timo no se concretó. Y podríamos continuar con la enumeración de casos parecidos.
La noticia de un convenio del Pami con los laboratorios, que permitirá la supuesta baja de los medicamentos, es otra actualización del viejo adagio.
La situación es muy grave y en ella concurren conflictos de intereses, un cambio de paradigma en el servicio de farmacia, la incorporación de una o varias cadenas como expendedoras de medicamentos que brinda el Pami, y el impacto de estas medidas sobre las farmacias tradicionales.
Los medicamentos subsidiados que entrega el Pami, tradicionalmente se han canalizado a través de las farmacias. Estos establecimientos, si bien son también emprendimientos comerciales, están organizados para posibilitar el acto farmacéutico, que persigue auxiliar a la salud del afiliado mediante la intervención y control del farmacéutico profesional que está al frente. En realidad son parte de un modelo sanitario que se inicia en el acto médico y se continúa con el acto farmacéutico, cuya sustancia no es una venta a un cliente sino el suministro de un remedio a un paciente, a quien se trata como tal.
El acceso de las cadenas a esta estructura, cambiará ese paradigma, pues ellas están organizadas para vender a consumidores, la mayor cantidad posible. No son parte de un modelo sanitario, sino de uno estrictamente comercial. Frente a ellas, las Farmacias nada podrán hacer. Carecen de las espaldas financieras de aquéllas y no están en condiciones de defenderse frente a agresivas políticas de comercialización.
La instauración de este conflicto, en la órbita de influencia directa de un funcionario con intereses en Farmacity, el Señor Mario Quintana, añade un ingrediente lamentable, que preanuncia soluciones desfavorables para los principales afectados: los jubilados y pensionados.
En ese contexto, es insoslayable exigir explicaciones, neutralizar decisiones contrarias a un sector vulnerable y reiteradamente castigado. En fin, enfrentar el problema real. Empeñarse en que esta vez, la liebre reemplace al gato.
Fuente: Prensa Silvina García Larraburu Senadora Nacional