Informes elaborados por investigadores de Ciencias Sociales advierten sobre las condiciones que afrontan las comunidades originarias en el marco de la cuarentena en todo el país. La falta de acceso al agua y alimentos, la discriminación y las distancias a recorrer para llegar a comercios y hospitales las convierten en una población vulnerable.
Hacer frente a la cuarentena fuera de las grandes ciudades del país, donde los escenarios son diversos y entre los más desatendidos –históricamente– están las comunidades originarias, puede volverse una misión casi imposible. Muchas comunidades viven en zonas rurales sin acceso al agua potable, tienen dificultades para acceder a alimentos y sus miembros padecen enfermedades preexistentes, todas condiciones que las vuelven más vulnerables frente al virus.
Para dar cuenta de estas problemáticas, más de una decena de grupos de investigación en Ciencias Sociales que tienen contacto con estas comunidades han elaborado un reporte ampliado sobre los efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia y del aislamiento social. Las comunidades relevadas pertenecen a los grupos originarios toba (qom), moqoit, mapuche, guaraní, kolla, diaguita, wichí, quechua y aymara, entre otros, ubicados en la Región Centro11, Noroeste, Noreste, Cuyo y Patagonia, de nuestro país.
“La realidad es muy distinta a la de las ciudades, hay lugares en los que no hay negocios en 10 kilómetros o que han cerrado porque no pueden sostener el transporte”, ejemplifica Sebastián Valverde, especialista en Antropología Rural de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que participó en la elaboración de dicho informe, que amplía y actualiza el reporte que presentaron para un informe de impacto social elaborado por la Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Coronavirus COVID19 (MINCYT-CONICET-Agencia), adonde ya se daba cuenta de estas problemáticas.
Según consta en ese informe inicial –a partir de datos registrados entre el 23 y e 25 de marzo por 501 investigadores de todo el país, que consultaron a 1487 informantes y líderes territoriales–, los referentes locales consultados ya se preocupaban por la posibilidad de que muchas de las problemáticas detectadas se profundizaran con la extensión de la cuarentena.
Población indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios en viviendas particulares por pueblo indígena. Total del país, año 2010.
“En las poblaciones rurales e indígenas hay situaciones que tienen que ver con cuestiones de retraso de infraestructura, racismo y exclusión que ocurren desde hace mucho tiempo, que se complican más en el contexto actual. Algunas zonas tienen dificultades para acceder a luz eléctrica e Internet, por ejemplo, y no pueden acceder a información desde el celular ni inscribirse en los programas sociales”, detalla Valverde y agrega que a esto se suma la caída de la economía informal. “El que vive al día no puede sostener esta situación o sale a trabajar igual porque, si no lo hacen, no comen. Son problemáticas diferentes a las que se plantean en otros ámbitos y siempre hay una dificultad mayor para llevar adelante este aislamiento”, dice el antropólogo.
El reporte actualizado no solo da cuenta de las condiciones de vida precarias y vulnerables en las que se desenvuelven estas poblaciones, sino que además advierte sobre otros impedimentos, como el difícil acceso a los ámbitos públicos en los que se entregan alimentos (como comedores y escuelas), ya que muchos de ellos cerraron o no alcanzan a cubrir las necesidades locales. A esto se suma al aumento de los precios, en muchos casos desmedido, en puntos de puntos de venta de difícil control por parte de las autoridades locales.
El informe también da cuenta de que en algunas regiones del país se entrecruzan el aislamiento implementado a partir de la Pandemia por COVID-19 con un contexto epidemiológico en algunos casos muy grave, en los que se reportan casos de tuberculosis, desnutrición, anemia, parasitosis, cuadros severos y constantes de gastroenteritis y dengue, que se encuentra en un pico estacional.
También se advierte por la falta de acceso al agua potable y la mala alimentación, a lo que se suma que muchas veces los miembros de las mismas poblaciones no pueden acceder a medicamentos y evitan acercarse a los centros de salud para recibir atención médica, puesto en en algunos reciben un trato discriminatorio.
“Para nosotros, ir al pueblo es que nos atiendan últimos, que nos cobren más caros los alimentos porque somos indios o que no nos dejen pasar. Eso me dicen en las comunidades cuando voy a Chaco, y ahora debe ser peor entre que hay escasez, precios carísimos y la discriminación, que ahora debe ser mayor”, dice Malena Castilla, que participó en la recolección de datos para ambos informes y en la redacción del documento actualizado. Y agrega que, “lo más preocupante” es que en muchas comunidades hay enfermedades preexistentes, en general vinculadas con modelos productivos que se fueron implementando a costas de las poblaciones y que hoy son parte de conflictos territoriales todavía irresueltos. “En Pampa del Indio, en Chaco, la gran mayoría tiene enfermedades provocadas por las fumigaciones, algunas digestivas y muchas respiratorias, y el virus ataca sobre todo a las personas que tienen problemas respiratorios”, ejemplifica Castilla, que investiga las características poblacionales de esta comunidad desde hace casi una década.
Por su parte, Valverde, que desarrolla gran parte de su trabajo de campo con comunidades del sur del país, recuerda el caso de Santiago Maldonado y los reclamos históricos de la comunidad mapuche. “El abuso de la policía de Chubut hacia esas poblaciones es permanente, son situaciones que vienen desde hace mucho tiempo y cambiarlas requiere años, un cambio cultural, y que el Estado se ponga a disposición para cambiar prácticas racistas muy arraigadas en la sociedad”.
Población indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios en viviendas particulares por provincia. En porcentaje, año 2010.
Sobre este tipo de abusos, las mismas instituciones académicas también emitieron un comunicado de alerta sobre la exacerbación de experiencias históricas de racismo, discriminación y violencia, verbal y física, “a través de acciones arbitrarias y graves abusos por parte de funcionarios de diversos organismos públicos, instituciones sanitarias y/o fuerzas de seguridad en el contexto de aislamiento en virtud del COVID-19”, en el que denuncian -entre otros casos- que tres mujeres del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir que se dirigían a pie desde la comunidad mapuche Pillan Mahuiza hacia pueblo de Corcovado, en la provincia de Chubut, para adquirir alimentos, fueron detenidas por personal policial de forma violenta, llevadas de la comisaría al hospital y demoradas luego en la comisaría, donde las obligaron a firmar un acta en blanco.
“Tras varias horas detenidas, las dejaron en libertad después de la medianoche y debieron regresar caminando los ocho kilómetros hasta la comunidad, con las temperaturas patagónicas”, se lee en el documento, en el cual también se menciona otro caso grave en Pampa del Indio, Chaco, cuando el miércoles 1 de abril de 2020 balearon por la espalda a un joven qom que ingresó a cazar al predio del que hace uso la empresa agrícola Don Panos, propiedad de Eduardo Eurnekian.
“No son peleas de gauchos, como quieren hacer ver los medios locales, son hechos de violencia provocados por los terratenientes en connivencia con algunas autoridades, en el marco de la deforestación, los desalojos, la expansión de la frontera agrícola y el uso de agrotóxicos para el cultivo de la soja. No son nuevos y recrudecen en el contexto del aislamiento social obligatorio y la crisis sanitaria”, subraya Castilla, que también es antropóloga de la Facultad de Filosofia y Letras de la UBA.
Todas estas problemáticas están afectando actualmente a los más de 40 pueblos originarios en la Argentina, compuestos por alrededor de un millón de integrantes. “A mediano plazo, es necesario el reconocimiento del genocidio y la reparación histórica de estas comunidades, pero, hoy por hoy, lo inmediato es entender que están teniendo problemas para acceder a bienes indispensables para hacerle frente a la pandemia”, concluye Valverde.
Fuente: Agencia TSS – Por Vanina Lombardi