Las empresas hidrocarburíferas mantienen un régimen de privilegios que en 2023 les otorgó más de 150.000 millones de pesos, según un relevamiento de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Bajo el argumento de promover las exportaciones y el libre mercado, las medidas adoptadas por el actual Gobierno potencian esos privilegios y desincentivan la transición hacia fuentes de energías renovables, en contra de los compromisos asumidos para reducir los efectos del cambio climático.
Mientras que los consumidores reciben cada vez menos subsidios para acceder a servicios energéticos y de transporte, y deben afrontar el impacto de la inflación y la liberación del precio de las naftas, las empresas hidrocarburíferas mantienen un régimen de privilegios que en 2023 les otorgó más de 150.000 millones de pesos. Así lo revela un informe elaborado por la Fundación Ambiente y Recursos Natuales (FARN), que analiza los subsidios destinados a la energía, con foco en aquellos destinados a la oferta y demanda de combustibles fósiles.
“Lo primero que vemos es que siempre se habla del recorte de subsidios a la demanda, pero no se habla del recorte a la oferta. En este punto no hay grieta entre gobiernos. De hecho, las grandes empresas que son beneficiarias de estos subsidios también tienen otros beneficios”, afirma Guillermina French, una de las autoras del trabajo, que forma parte del equipo de Investigación de FARN.
Es el sexto año consecutivo que esta ONG ambientalista realiza este tipo de informes, en los que diferencia entre los subsidios orientados a la demanda, es decir a mantener tarifas asequibles al público, de aquellos que reciben las empresas hidrocarburíferas que constituyen la oferta. Al respecto, por ejemplo, el último documento publicado detalla que, si bien en 2022 los subsidios a la oferta de combustitbles fósiles fueron menores a los destinados a la demanda, por primera vez en varios años, en el 2023 (así como lo proyectado en el presupuesto para 2024), estos tienden a privilegiar los subsidios directos a las compañías.
“Hace 10 años que se incentiva Vaca Muerta con el argumento de que atraerá divisas que ayudarán a palear la pobreza, pero los indicadores muestran lo contrario: en Neuquén, por ejemplo, que es donde está situada Vaca Muerta, se registró un aumento del 8,5% de la pobreza durante los últimos 5 años”, puntualiza French y agrega que otro de los argumentos que tampoco se ve reflejado en los indicadores es que estos incentivos se vinculen con resolver los problemas macroeconómicos del país.
Además, estos subsidios y privilegios otorgados a la oferta se convierte en ganancias para las empresas. Según el documento, en 2022 estas representaron el 5% de los resultados de YPF, mientras que ese porcentaje ascendió a más del 55% y más del 66% para Tecpetrol y Compañía general de Combustibles, respectivamente.
Otra cuestión es que los subsidios a la oferta benefician a una veintena de empresas, y se trata de un monto muy similar al de los subsidios destinados a los consumidores, que ayudan a la gente a acceder a la energía, que es un derecho”, cuestiona French y detalla que, además, el monto de los subsidios a la oferta que recibieron las empresas en el 2022 fueron equivalentes a más de un 100% de lo que recibió el Ministerio de Ambiente y aquellos entregados en los primeros meses del 2023 representaron alrededor del 40% del presupuesto vigente de ese mismo ministerio. Al respecto, el documento agrega que también representaron casi tres veces el monto que el entonces Ministerio de Salud ejecutó para la prevención y el control de enfermedades crónicas no transmisibles, que son responsables del 73% de las muertes que se producen en el país.
El documento advierte sobre los impactos ambientales de la extracción de combustibles fósiles y la necesidad de promover la transición energética y reorientar los estímulos hacia la adopción de fuentes de energías renovables, algo que fue eliminado en el mega DNU del Poder Ejecutivo, que todavía espera ser aprobado por ambas cámaras del Congreso.
Subsidios, contaminación y pobreza
Sobre el método de extracción no convencional, el documento advierte que las fracturas tienen un promedio de duración, entre que se abre y se cierran, de apenas 15 días. Para generarlas, se necesitan millones de litros de agua con químicos y arena, que además generan aguas residuales. Entre 2019 y 2022, por ejemplo, YPF SA fue la responsable de utilizar el 99,99% de los 133.466.495 miles de millones de m3 de agua inyectada.
Para dimensionar esta cifra, el trabajo de FARN hace un cálculo teniendo en cuenta el consumo promedio de un habitante de la ciudad de Buenos Aires, que es de 180 litros de agua por día: “Al considerar a toda la población argentina, surge que en un año se consumen 3000 millones de m3 de agua, lo que representa un 0,000002% del agua utilizada por el fracking”, advierte el documento.
Además, desde que empezó este tipo de extracción no convencional, las zonas aledañas han comenzado a sufrir sismos inducidos. Por ejemplo, en la localidad de Sauzal Bonito, adonde no se habían registrado sismos por más de un siglo antes del inicio de las actividades en Vaca Muerta, ya sufrieron más de 400 sismos durante la última década. A todo esto hay que agregarle la contaminación del aire que generan las fugas y emisiones de gas metano que se producen en estos pozos.
En total, durante los últimos 8 años, se generaron más de 30.000 fracturas, de las cuales 25.805 fueron generadas por YPF, seguida por Tecpetrol, que generó 4673. Ambas empresas, en conjunto y tal como lo detalla el informe, fueron las que más subsidios han recibido en los últimos años.
“Todo esto nos plantea qué modelo de desarrollo queremos, qué beneficiamos o priorizamos como país”, destaca French, y advierte que estas medidas que favorecen aún más a la actividad hidrocarburífera, en vez de a las de energías renovables, se dan en un contexto de crisis económica y emergencia climática.
“Hasta ahora no vemos los resultados que prometen pero sí sabemos que existe la posibilidad de redireccionar todos esos beneficios hacia las energías renovables, que han disminuido costos, que se ha probado que benefician al desarrollo local y que incluso tienen mejores indicadores respecto al trabajo”, advierte French. Y concluye: “Desde FARN abogamos por la redirección de los subsidios porque entendemos que la energía es un derecho, y entendemos que el Estado tiene que estar presente pero no de la forma en que lo está en la actualidad. Hay alternativas y no se están explotando”.
Por Vanina Lombardi
Fuente: Agencia TSS