La legisladora Magdalena Odarda expresó su rechazo a la reciente decisión del gobierno provincial de Río Negro de no renovar los contratos de más de 400 agentes públicos, una medida que afecta principalmente a trabajadores del área de Salud, Educación y Desarrollo Social. “Esta decisión no solo pone en riesgo la continuidad de derechos esenciales, sino que constituye un acto discriminatorio e inconstitucional al vincularse con la adhesión de los trabajadores a medidas de fuerza legítimas”, sostuvo Odarda.
Según información oficial, el gobierno prorrogó por tres meses la mayoría de los contratos vencidos al 31 de diciembre. Sin embargo, la Función Pública remitió nóminas a las áreas de gobierno con trabajadores a quienes no se autorizó la renovación. Este grupo incluye principalmente personal del Ministerio de Educación, donde se contabilizan cerca de 400 no renovaciones, en su mayoría asignados a tareas bajo modalidad de horas cátedra.
“Resulta alarmante que esta medida se justifique bajo criterios como el nivel de ausentismo o la adhesión a huelgas convocadas por los sindicatos, tal como lo expresó públicamente el gobernador Weretilneck en octubre pasado. Esto vulnera directamente el derecho constitucional a huelga y configura una clara persecución laboral”, afirmó la legisladora.
Odarda subrayó que estas acciones se enmarcan en un contexto más amplio de ajuste que replica las políticas de recorte impulsadas a nivel nacional. “Desmantelar a los trabajadores y trabajadoras en áreas sensibles como la salud, la educación y el desarrollo social no solo precariza a los trabajadores, sino que atenta contra la población más vulnerable que depende de estos derechos esenciales”.
Mientras tanto, el gobierno provincial avanza en la entrega de bienes naturales comunes a través de los mega proyectos extractivistas que está impulsando y que benefician al capital foráneo. “Resulta inadmisible que mientras se entregan nuestras riquezas al extranjero, se despida a trabajadores y trabajadoras de áreas clave. Estas políticas son el reflejo de una gestión que prioriza intereses externos por sobre las necesidades y derechos de nuestra gente”, agregó Odarda.
La legisladora recordó que el derecho a huelga está garantizado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. “Negar la renovación de contratos por haber participado en medidas de fuerza es un acto arbitrario e ilegal que no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. Es urgente que el gobierno revierta esta decisión y priorice los derechos laborales y el bienestar de la ciudadanía”.
Odarda instó al gobierno provincial a cesar las prácticas que deterioran las condiciones laborales y a garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores del Estado. “Es imprescindible que se revierta esta política de ajuste que impacta negativamente en la vida de cientos de familias y en la prestación de derechos esenciales para la sociedad”, concluyó.