El Frente de Todos presentó un programa destinado a promover la inserción laboral de personas desocupadas y en situación de vulnerabilidad entre los 18 y 24 años en Río Negro. Propone como autoridad de aplicación a la Agencia de Desarrollo CREAR y pone el énfasis en la capacitación y la creación de empleo registrado.
“Juventud en Marcha” es un proyecto que impulsa la incorporación de jóvenes de los ámbitos urbano y rural a empresas del Estado y a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) de Río Negro que se integren al programa. Estas últimas serán además beneficiarias de un Aporte No Reembolsable a cargo del Gobierno provincial durante un año.
La norma propuesta, está destinada a jóvenes de entre 18 y 24 años inclusive, que se encuentren en situación de desempleo, y establece que “se otorgará prioridad a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica”.
La iniciativa prevé además una serie de instancias formativas y de asesoramiento que ofrecerá el CREAR –entre otras instituciones- para facilitar el acceso al mercado laboral de quienes en muchos casos buscan trabajo por primera vez o forman parte de un emprendimiento o iniciativa joven.
“Los Municipios, la Dirección de Comisiones de Fomento, dependiente del Ministerio de Gobierno y Comunidad, la Secretaría de Estado de Trabajo, los Entes de Desarrollo Provinciales y los sectores empresariales serán convocados a fin de acordar con la autoridad de aplicación prioridades de formación a través de convenios específicos”, señala el texto de la norma que ahora deberán tratar las comisiones legislativas.
El legislador José Luis Berros, junto a sus pares María Eugenia Martini y María Inés Grandoso, quienes elaboraron el proyecto, explicaron que “la idea es crear un sistema de difusión y formación específico”, el cual estará destinado a “facilitar el acceso de los jóvenes a la información sobre oportunidades de empleo, talleres de orientación vocacional, asesoramiento sobre programas, planes o becas del Gobierno nacional, provincial, municipal u otros organismos de promoción de empleo”.
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la tasa de desocupados en el país es del 10,2%, un tercio de los cuales son jóvenes de entre 18 y 30 años.
Si se tiene en cuenta el género -otro de los aspectos contemplados en el proyecto-, las mujeres jóvenes resultaron más perjudicadas: la pérdida de puestos de trabajo ascendió a 31% durante el momento más crítico de la pandemia, mientras que en el caso de los varones la caída fue del 27%. La cifra de jóvenes desocupados, más que duplica la de la población adulta.
A esta situación se añaden además las condiciones de informalidad: cerca del 70% de los jóvenes que trabajan lo hacen en forma precaria, los salarios son exiguos, no tienen aportes patronales, y en su mayoría padecen una sobrecarga horaria. En suma, hay condiciones estructurales que hacen casi imposible el acceso de los jóvenes al empleo formal.
La capacitación para la inserción en el mercado de trabajo es otro punto clave. Según datos relevados del Ministerio de Educación, sólo el 69% de los jóvenes de hasta 24 años pudo terminar la secundaria.
“El Estado tiene plena responsabilidad en esto y debe comprometerse”, señaló María Eugenia Martini. “No sólo en recuperar a los jóvenes que en su mayoría están marginados del mercado laboral, sino además en que esos empleos que se generan sean empleos formales que son los que aportarán al sistema previsional argentino. No hablamos de una beca, sino de crear empleo formal”, subrayó.
Por su parte, Berros consideró que “para nosotros es importante la creación de este tipo de programas que generan oportunidades y fomentan la inserción laboral, posibilitando a miles de jóvenes rionegrinos que puedan acceder a su primer empleo. Este programa también viene acompañado de capacitaciones que de cierta manera profesionalizan a cada joven que busca acceder a un empleo formal. Cuando decimos que queremos un Estado Presente hacemos referencia a estas acciones concretas que reconocen derechos y brindan oportunidades para mejorar la calidad de vida a nuestros vecinos y vecinas y, en esto caso particular, a nuestras juventudes”.
El proyecto establece también bonificaciones del 2% a la tasa de interés y montos especiales, en los servicios financieros cuando las empresas que los peticionan cuentan con personal contratado bajo la modalidad del Programa “Juventud en Marcha”, y establece a la vez como requisitos el registro formal de los trabajadores, la capacitación; no registrar deudas, ni haber despedido empleados sin causa durante los 6 meses previos al acceso al programa ni durante los 12 meses posteriores. Estas empresas deberán además elevar un informe mensual sobre el desarrollo del programa.
“El proyecto apunta a encontrar la articulación entre la acción estatal, a través de sus empresas, y la privada con las micro, pequeñas y medianas empresas, que resulte beneficiosa para las partes, promoviendo a la vez la generación de empleo y el desarrollo de nuevos emprendimientos juveniles”, concluyó Martini.