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El Fiscal Jefe Martín Lozada manifestó entre sus argumentos para tal requerimiento “que se ha cumplido con el doble conforme exigido por nuestro ordenamiento convencional y constitucional: la condena a 14 años dictada por un tribunal local ha sido confirmada por el Tribunal de Impugnación provincial. Indicó, además, que: ” No desconocemos que la regla es la libertad del acusado durante la sustanciación del proceso”.
“Tampoco desconocemos los estándares que ha fijado La CIDH en torno a la imposición de la prisión preventiva y la necesidad de que ella se erija sobre parámetros de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Sin embargo, entendemos que la prisión preventiva que venimos aquí a solicitar se le imponga al condenado obedece a esos mismos criterios de admisibilidad”, expresó el fiscal.
Afirmó asimismo, que: “en lo fundamental, debido a que la pena que se impondrá al condenado será de inexcusable cumplimiento efectivo, y será, además, de un monto muy elevado -14 años de prisión”.
Argumentó además que: ” nos encontramos en presencia de nuevos y actuales riesgos procesales.En referencia al peligro de fuga que se produce a partir de la confirmación -por parte del Tribunal de Impugnación- de la sentencia condenatoria. El hombre medio, no un héroe o un santo, estará razonablemente compelido a la fuga ante la
certeza e inexorabilidad de un castigo de tamaña magnitud. En consecuencia, surge la lógica necesidad de neutralizar ese peligro a partir de una medida cautelar efectiva y proporcional al castigo que le ha sido impuesto”.
Fuente: Ministerio Publico Fiscal / Bariloche