Nacional – La desaparición de programas y políticas públicas destinadas a apoyar la producción familiar agropecuaria, junto con la caída del consumo interno, la suba de tarifas y la apertura de importaciones, ponen en riesgo las actividades de un sector que produce gran parte de los alimentos que llegan a los hogares de la Argentina y que salió a la calle para alertar sobre su situación crítica.
Más de veinte organizaciones de pequeños productores rurales se movilizaron el pasado 26 de julio en diversas partes de la Argentina frente al progresivo desmejoramiento en las condiciones de producción que está sufriendo un sector que genera gran parte de los alimentos que llegan a los hogares del país. En la ciudad de Buenos Aires, los productores llegaron hasta el Ministerio de Agroindustria de la Nación a pie y en tractores. En Córdoba, organizaron una gran feria frente a la Plaza San Martín, mientras que en la provincia de Mendoza se congregaron en el espacio verde de la Casa de Gobierno, frente a la Municipalidad de San Rafael y también en Tunuyán. También hubo movilizaciones, feriazos y verdulazos en otros puntos del país como Jujuy, Misiones, Rio Negro, Salta, San Juan y Santa Fe.
“Todas las instancias de agricultura familiar en distintas reparticiones, como SENASA, INTA e INTI, fueron desmanteladas o se les sacó presupuesto. Si a eso le sumamos el impacto de la caída del consumo, la inflación, el aumento de precios del combustible y las tarifas, combinado con la apertura de importaciones, hacen un combo que ha puesto al sector al límite”, advirtió Diego Montón, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina (MNCI-VC), que representa a cerca de 9.000 familias a nivel nacional.
“No es un grupo marginal, sino que representa más del 60% de los agricultores del país y son los que proveen alimentos al mercado interno”, dijo la antropóloga Carolina Feito, que integra el Foro de Universidades Nacionales Para La Agricultura Familiar.
Una de las últimas medidas que potenciaron el malestar es la eliminación del denominado Monotributo Social Agrario (MSA), con el cual, desde el año 2009, los trabajadores y trabajadoras del área podían acceder a servicios de salud a través de una obra social, aporte jubilatorio y la posibilidad de facturar, lo que le daba un marco de formalidad a su trabajo. Hace más de un año que las familias agrícolas no pueden inscribirse para acceder a estos derechos y, recientemente, el Gobierno anunció que a partir del 31 de diciembre daría de baja definitiva a la obra social y al MSA, dejándole toda la responsabilidad al Ministerio de Desarrollo Social de Nación.
En la ciudad de Buenos Aires, los productores llegaron hasta el Ministerio de Agroindustria de la Nación a pie y en tractores.
“El argumento de Agroindustria es que se lo pueden pagar ellos, pero es una medida más en el vaciamiento de las políticas para el sector. No es solo si se pueden pagar el MSA o no porque también afectan el aumento de la luz, del gas, del combustible, de los insumos y del costo de vida”, dijo Nahuel Levaggi, de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), que nuclea a 16.000 familias productoras de todo el país, y advirtió que, en este contexto, “la única política para el sector que se mantenía desde el Ministerio de Agroindustria era el MSA y lo darán de baja”.
Con esta medida, las organizaciones del sector estiman que más de 50.000 familias perderían el derecho a regularizar su trabajo y más de 100.000 personas verían afectado el derecho de acceso a la salud. “Este grupo necesita ser visibilizado como actor productivo y tiene que ser sujeto de políticas diferenciales del Ministerio de Agroindustria, no de Desarrollo Social”, dijo Feito, que además es investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional de La Matanza, y lamentó que “estamos pasando otra vez al asistencialismo y considerando a los productores familiares los pobres del campo, a los que por lo tanto hay que asistir en su pobreza sin considerar su rol productivo, que es fundamental en la matriz económica nacional”.
Participación de los pequeños productores familiares (PP) en el total de explotaciones agropecuarias (EAP) y en la superficie agropecuaria del país en 2002, año en que se realizó el último Censo Nacional Agropecuario.
Los productores familiares son un grupo heterogéneo compuesto por familias que, en general, alquilan y trabajan la tierra, además de comprar todos los insumos que necesitan a riesgo propio, desde las semillas hasta las herramientas y los materiales para fabricar los invernaderos. Al no ser propietarios, en muchas ocasiones no están autorizados a construir, con lo que corren el riesgo de tener malas cosechas o sufrir las inclemencias del tiempo.
¿Quiénes son los productores familiares?
En su libro Soberanía Alimentaria y Desarrollo, publicado hace algunos meses, el ingeniero agrónomo Carlos Carballo describe distintos tipos de productores familiares. Entre ellos, casi el 52% está representado por las unidades más pobres en términos de recursos, que son las de menor nivel de capitalización, mientras que apenas un 21,5% conforman el grupo más capitalizado, que trabaja casi el 50% de la superficie en manos de este sector.
Si se considera el total de las explotaciones agropecuarias, los pequeños productores representan el 66% y ocupan el 53% de la mano de obra permanente de todo el sector, aunque solo ocupan el 13% de la superficie agropecuaria total. Por todo esto, “habría que protegerlos y cuidarlos porque es el sector que produce nuestros alimentos”, explicó Feito, pero lamentó que, por el contrario, “hay una idea de sacarles beneficios y a la vez castigarlos con normativas e impuestos”.
Hace más de un año que las familias agrícolas no pueden inscribirse para acceder a estos derechos y, recientemente, el gobierno anunció que a partir del 31 de diciembre le daría la baja definitiva a la obra social y al MSA, dejándole toda la responsabilidad al Ministerio de Desarrollo Social de Nación.
Otro beneficio que perdieron los productores familiares fue al acceso al programa Cambio Rural, que fue desfinanciado y modificado, de modo tal que pone exigencias más elevadas en cuanto a la capitalización de los posibles beneficiarios. Además, las agrupaciones del sector continúan reclamando que se reglamente la Ley de Reparación Histórica para la Agricultura Familiar (sancionada en 2015) y “generar un instrumento legal claro y contundente, en lo que se refiere a la permanencia y el acceso a la tierra de familias que hoy no la tienen, así como al agua de riego, sobre todo en zonas áridas”, dijo Montón, que también es miembro de la Agrupación de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza, que cuenta con alrededor de mil familias afiliadas. Y agregó: “Al pago del arrendamiento de la tierra se le suman las tarifas de la energía de los pozos de riego, que son impagables y están volviendo inviable la producción de hortalizas. Por eso, el reclamo no es solo que se le de continuidad al MSA, sino también que se planteen algunas medidas de emergencia, como tarifas diferenciadas para la energía de los pozos, un precio diferenciado de gasoil y la suspensión inmediata de los desalojos”.
“La situación del sector es cada vez más crítica”, dijo Carballo, que también es coordinador responsable de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (CALISA-FAUBA). Además del aumento en los costos de producción y la quita de beneficios, Carballo destacó el impacto de la caída del consumo, ya que la mayoría de estas familias producen para el mercado interno. “Un indicador muy claro de eso es la comercialización en las ferias populares. Todos los productores y elaboradores artesanales marcan caídas muy grandes, que en algunos casos alcanza entre el 30% y el 40% de sus ventas”, dijo el especialista. Y se preguntó: “Sin los pequeños productores que producen los alimentos que necesitamos, ¿en manos de quién dejamos nuestra alimentación?”.
Fuente: Agencia TSS – Por Vanina Lombardi