Continuarán hoy las audiencias de formulación de cargos a intendentes y empresarios de la construcción que tuvieron intervención en el programa nacional “Techo Digno” destinado a la ejecución de viviendas. El mismo se implementó en el territorio provincial a partir del año 2013. La investigación fiscal trata de dilucidar el destino que tuvieron los fondos trasferidos desde Nación para la ejecución del plan.
El relato de los hechos realizado por el Ministerio Público Fiscal detalla que cada uno de los mandatarios locales firmó el acuerdo con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaria de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal.
Dicho convenio delimitaba que, en el marco de la implementación del mencionado programa, los intendentes debían “respetar documentación y especificaciones técnicas como declaración jurada, solventar diferencias, abonar mensualmente a la empresa contra certificación de avance de obra emitida por el propio Municipio” (…) y efectuar la rendición de cuentas para presentarla mensualmente a la Subsecretaría de forma detallada y debidamente documentada que demuestre el uso dado a los fondos”.
El acuerdo los obligaba además a “restituir de forma inmediata los montos no rendidos al Estado nacional”. También “debían poner a disposición la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encontraban reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos lo requieran”.
En todos los casos, enfatizó la Fiscalía, los mandatarios locales, que tenían “a su cargo la administración y el cuidado de los fondos correspondientes a dicho acuerdo desde su ingreso a las arcas municipales, violaron los deberes que les eran impuestos en razón de su cargo y en virtud del citado Convenio y perjudicaron de esta manera los intereses confiados”.
Además, los intendentes ordenaron el pago de certificaciones de obra, sabiendo que no reflejaban el avance real de lo que se estaba construyendo, beneficiando indebidamente a diversas firmas constructoras, cuyos referentes también forman parte de los imputados por su calidad de partícipes necesarios de los mencionados delitos.
El equipo fiscal agregó en este sentido que “las operatorias referidas se concretaron mediante certificaciones de avance de obra falsas, que eran presupuesto necesario para destrabar los desembolsos de dinero por parte de la Subsecretaría federal mencionada causando perjuicio al erario público”.
La jornada de ayer comenzó con la formulación de cargos de quien fuera en 2015 intendente de Cervantes, que – según la acusación- habría sido autor del delito de “defraudación a la administración pública en concurso ideal con el delito de uso de documento público falso”; mientras que tres empresarios de la construcción habrían sido participes necesarios del mismo delito.
En una audiencia posterior se unificaron las formulación de cargos correspondientes a la localidad de Choele Choel a quien se desempeñaba entre los años 2013 y 2016 como intendente le formularon cargos por los delitos de defraudación a la administración pública, uso de documento público falso y malversación de caudales. Al único empresario implicado se lo imputó como partícipe necesario de la defraudación y del uso de documento público falso.
En la misma instancia, se requirió la formulación de cargos para el intendente de General E. Godoy en 2014, a quien el Ministerio Público Fiscal imputó la “defraudación a la administración pública en concurso ideal con el delito de uso de documento público falso” en calidad de autor y, al titular de la empresa constructora, de partícipe necesario.
Finalmente, en el caso de Río Colorado se le imputó a quien era intendente en el año 2013, los delitos de defraudación a la administración pública, uso de documento público falso y peculado, y al empresario el de “defraudación a la administración con uso de documento público falso” como partícipe necesario.
La totalidad de los abogados de los imputados correspondientes a la Segunda Circunscripción Judicial plantearon el sobreseimiento de sus defendidos argumentando la atipicidad del delito endilgado y requirieron al Juez que rechace la formulación de cargos.
En el caso de la audiencia correspondiente a Cervantes, el Juez interviniente dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves 5, momento en el que resolverá ambos pedidos. La Magistrada que encabezó la audiencia posterior resolvió tener por formulados los cargos por los hechos mencionados por la fiscalía contra los intendentes de Choele Choel, General E. Godoy y Río Colorado. En cambio no admitió los cargos en relación al constructor al entender que la Fiscalía no señaló la acción típica que describe el delito.
Tras el pedido y los fundamentos del equipo fiscal, los legajos admitidos tramitarán como causa compleja, cuestión que amplía los plazos procesales para avanzar en la investigación.
Las audiencias de formulación de cargos continuarán en la jornada de hoy a partir de las 8, en la Primera circunscripción judicial. El lunes, en tanto, el Fiscal General confirmó el equipo de Fiscales que están al frente de las diversas investigaciones luego de resolver recusaciones planteadas por las defensas de los imputados.
Ministerio Público Fiscal / Segunda Circunscripcion