Ante el avance de los extractivismos y la extrema derecha en la región, ¿qué aprendizajes ofrecen las luchas históricas de los pueblos indígenas y de los movimientos socioambientales? ¿Qué estrategias pueden ayudar en la defensa de los territorios? Estas fueron algunas de las preguntas que guiaron las charlas del encuentro anual del Pacto Ecosocial del Sur que se desarrolló esta semana en Buenos Aires.
Referentes latinoamericanos de organizaciones sociales, la academia y el sector político se reunieron este miércoles para reflexionar y debatir sobre posibles alternativas –desde y para el sur global– al extractivismo y la transición energética que impulsan los países dominantes. Esta jornada fue parte del encuentro anual del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, que se está desarrollando en Buenos Aires desde el 20 hasta el 27 de abril.
El encuentro se realizó en el Teatro Picadero y contó con la participación de referentes de pueblos originarios y de distintos países de la región como la Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, y con la asistencia de alrededor de un centenar de personas preocupadas por el futuro de los territorios antes el avance de los extractivismos y las fuerzas de ultraderecha.
“Queríamos ofrecer una mirada sobre transición que nos permita reconocernos en esa imaginación de otros futuros posibles, y para eso nos propusimos abrir miradas múltiples sobre cómo podemos entender esos desplazamientos y esos movimientos que están presentes en nuestras organizaciones”, dijo María Paz Aedo, fundadora e investigadora del Centro de Análisis Socioambiental (CASA) en Chile, frente a la idea predominante de una transición energética que suele postularse como la única posible pero que reproduce el modelo neoliberal de desarrollo actual, afecta a los territorios y genera desigualdad y dominación.
“Las zonas de sacrificio que están en expansión por la supuesta transición energética nos quitan materialidad y espacios de sostenimiento de la vida que son esenciales, como los humedales, las llanuras y los bosques, por contaminación, deforestación y una serie de problemáticas socioambientales que limitan nuestra posibilidad de cuidarnos”, coincidió Liliana Buitrago, ecofeminista y activista de Conectiva Mujeres, Cuerpos y Territorios de Venezuela.
El encuentro anual del Pacto Ecosocial e Intercultural del Surse está desarrollando en Buenos Aires desde el 20 hasta el 27 de abril.
Entre las preocupaciones principales que se pusieron de manifiesto derante el encuentro se destacan la criminalización de las luchas sociales y de los referentes socioambientales. En paralelo, y frente a eso, también se subrayó la relevancia de la participación social y la difusión sobre estas problemáticas, no solo en los territorios afectados, adonde los impactos de la minería y el extractivismo pueden resultar más evidentes, sino también en las ciudades y lugares más alejados, que también resultan perjudicados.
“Los rostros del extractivismo están cambiando y plantean nuevos desafíos», advirtió José de Echave, uno de los fundadores del Pacto Ecosocial en Perú, que fue viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente de ese país entre agosto y diciembre de 2011, y detalló que, según información de la Defensoría del Pueblo peruana, la mayoría de los conflictos ocurridos durante los últimos 30 años en ese país son “ecoterritoriales”, y dentro de ellos, el 60% han sido y siguen siendo conflictos mineros. “Las resistencias han significado eso, decir: ‘este modelo lo rechazo, no lo siento mío, me agrede’. Al mismo tiempo, las luchas han significado cuestionamientos a las políticas públicas, a las políticas de concesiones mineras, a las políticas ambientales y a cómo se aprueban los proyectos”, destacó el referente sobre una característica de los movimientos que se replica en toda la región.
“La Argentina hoy está aplastada por el extractivismo, al punto que entre los legisladores el extractivismo parece tener más consenso que la democracia, y eso nos tiene que interpelar para ver hacia dónde esta yendo el país. Los pueblos originarios no somos parte del problema sino que creemos que somos parte de una posible solución”, agregó Lef Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén. El referente relató la experiencia de la campaña en defensa de los humedales del Mari Menuco, en esa provincia del sur argentino, ante el avance de la actividad hidrocarburífera en inmediaciones a esa reserva hídrica estratégica para la región.
Al respecto, Nawel advirtió que no están pensando esta acción desde un punto de vista conservacionista sino como defensa de la fuente de vida. “El noismo cómo única forma de propuesta política nos encierra en un no debate y nos impide un montón de debates que tenemos que tener para mostrar esa otra realidad que la ficción extractivista nos plantea, porque la ficción extractivista habla de bienestar y la provincia de Neuquén, despues de 12 años de Vaca Muerta, está mas endeudada que nunca en su historia y en dólares”, afirmó el referente y enfatizó: “Son las futuras generaciones que, con su agua, tierra y aire, y también con la deuda, van a pagar las consecuencias de estas decisiones que solo estan beneficiando a las petroleras”.
Se subrayó la relevancia de la participación social y la difusión sobre estas problemáticas, no solo en los territorios afectados, adonde los impactos de la minería y el extractivismo pueden resultar más evidentes, sino también en las ciudades y lugares más alejados, que también resultan perjudicados.
Esperanza Martínez, impulsora del Movimiento por la Defensa del Yasuní en Ecuador, se refirió al denominado «juicio del siglo» contra Chevron-Texaco, que se desarrolló en ese país. “Ganamos en todas las instancias judiciales y tenemos 30 años esperando que se cumpla la sentencia”, aclaró la activista, y destacó que, más allá del incumplimiento, fue un proceso de mucho aprendizaje: “Aprendimos a explicar por qué la actividad petrolera era negativa para los pueblos y sacamos cifras y construimos muchísimas pruebas: podíamos decir cuánta destrucción de bosque hay por cada pozo y le poníamos cifras a cuántos árboles se tumban cuando se construye un pozo, por ejemplo, o cuánto desecho hay por cada barril de petróleo. Y cuando decimos que por cada barril que sale del subsuelo se generan nueve de desechos, que hay que ver adonde se colocan, la gente comprende mejor”, ejemplifica Martínez, que es bióloga y abogada.
En ese sentido, se refirió a la relevancia de los datos, las pruebas y las narrativas en torno al Yasuní que fueron generando para frenar la explotación petrolera en esa zona, que es una de las más biodiversas del planeta. «El miedo no moviliza; el ‘sí a la vida’ sí lo hace», afirmó Martínez, y también destacó la importancia de vincular las luchas ambientales con la participación ciudadana.
El Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur es una iniciativa regional que se gestó en 2020 como respuesta a la «policrisis civilizatoria» agravada por la pandemia por COVID-19. Busca debatir y proponer estrategias colectivas ante la crisis social, ecológica y política que atraviesa la región, frente al extractivismo, la desigualdad y el avance de las extremas derechas. Para ello, reune a referentes sociales, activistas e intelectuales de toda la región, que promueven los debates y generan información y datos para sustentar las propuestas.
«El extractivismo no solo genera menos democracia, sino también desigualdad», dijo Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y uno de los impulsores de la creación del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. Y sintentizó: «Latinoamérica es la región más desigual del planeta y el Pacto Ecosocial es una herramienta para confrontar ese modelo con una alternativa real y concreta, que busca un futuro posible, un horizonte emancipatorio para nuestra región”.
Por Vanina Lombardi
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Agencia TSS